Política

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Al corte de enviar este artículo, la inminente extinción de 109 fideicomisos del sector público federal, con el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados bajo estudio en el Senado, mantenía en vilo a diversos grupos, desde la comunidad científica hasta víctimas de la delincuencia, pasando por promotores ambientales o periodistas que enfrentan riesgos para su integridad física. Esperemos pueda hacerse algo para salvarlos y que se haga un análisis más objetivo y responsable sobre el asunto y de cada caso en particular. De cualquier modo, a estas alturas el proceso ya ha dejado lecciones y alertas que debemos atender.

En esencia, se trata de otro episodio decisivo de un corrosivo proceso de desmantelamiento institucional del Estado mexicano. Nuevamente bajo los pretextos de presuntas prácticas opacas, y que los recursos se destinarán al sector salud por el reto de la pandemia, pero sin especificar, se destruye valor agregado y capacidades institucionales no sólo del Estado mexicano, en el entendido de algo que trasciende a un gobierno en turno. La afectación es a activos y capacidades de la sociedad misma.

Si el problema es la corrupción, habría que denunciar e implementar medidas que prevengan la reincidencia. Pero no hay nada de eso, sino la determinación de cortar de tajo proyectos y espacios de actividad pública con cierta independencia, con clara intención de obtener recursos para llenar faltantes de corto plazo y, peor aún, hacer esto desde la discrecionalidad.

Estamos ante la desaparición de ahorros de varios años generados para fines concretos, y, en algunos casos, expropiación de recursos obtenidos por las propias instituciones afectadas (autogenerados o patrimoniales).

El resultado será aún más opacidad que la que se dice combatir. Y lo más probable es que lo tomado no vaya a inversión o a reservas para fondear las actividades que realizaban los fideicomisos, sino para sostener gasto corriente en la emergencia de salud y económica, ante la cual no se ha querido recurrir a alternativas de corte contracíclico, como se ha hecho en casi todo el mundo.

No sólo eso, sino para mantener, sin cambios ni recortes –al contrario– obras no esenciales y de dudosa rentabilidad tanto financiera como social; caso del Tren Maya o la refinería de Dos Bocas.

El total de recursos que se obtendrían con esta extinción será de 68 mil millones de pesos.Dinero y valor agregado acumulado para fines multianuales, no para costear programas sociales sin controles ni transparencia, con visos de clientelismo, y “elefantes blancos” que ni siquiera se puede asegurar si serán concluidos.

Afectados

De consumarse la extinción, la ciencia enfrentará un gran revés, al igual que el cine nacional, la atención de desastres naturales, el financiamiento al campo, el deporte de alto rendimiento, y la protección a víctimas y periodistas, entre otros sectores.

En lo relativo a la promoción del desarrollo y la investigación científica y tecnológica, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se vería afectado con el golpe a 65 fondos, de donde el gobierno se haría de más de 25 mil 700 millones de pesos que estaban destinados a la investigación. Asimismo, se despoja a 26 fideicomisos de centros de investigación que tenían bajo su responsabilidad recursos por 785 millones de pesos.

Según datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, si se suma la extinción de los fideicomisos y los recortes presupuestales, la ciencia y tecnología tendría una situación precaria, con el menor monto de recursos en una década. Seguimos incumpliendo el objetivo legal de invertir como país por lo menos 1% del PIB en este factor clave para el futuro.

En cuanto al impulso a la cinematografía nacional, se vería privado de más de 224 millones de pesos que administraba Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine). Se toman 213 millones del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y en cuanto el estímulo al sector agropecuario, a Financiera Rural se le extraerían más de 12 mil 500 millones.

Muy grave: se pone en riesgo la capacidad del Estado de actuar diligentemente ante riesgos y eventos de desastres naturales, al despojar al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de más de 6 mil 800 millones.

Se pretende extinguir el Fideicomiso para el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética, del que se extraerían mil 260 millones. Es desaparecer algo que pudiera ayudar al emprendimiento, la innovación y la competencia en un sector clave para el futuro, mientras se favorece la remonopolización vía Pemex y CFE, con su secular ineficiencia. Recordemos que Pemex perdió más de 600 mil millones de pesos en el primer semestre.

También se busca sacar más de mil 800 millones de pesos del Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de Autoridades Aduaneras, un área clave de profesionalización y desarrollo para el perfil de México, con su perfil logístico y de comercio internacional.

Se busca desmantelar el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera. Desde 2015, las mineras aportan 7.5% de sus utilidades al Fondo, más 0.5% extra si el ingreso es por enajenación de oro, plata y platino. Esto era distribuido entre los estados y municipios mineros para obras de infraestructura. Ahora, esos recursos quedarían para su uso igualmente a discreción del Gobierno Federal, y muy probablemente no necesariamente en beneficio de las localidades donde se genera esa riqueza y la actividad minera afecta a la comunidad.

Obras de rellenos sanitarios, tratamiento de agua y drenaje o alumbrado están en vilo, con afectación directa a decenas de municipios.

Afortunadamente, se paró la pretensión de que se tomara el Fondo de Salud para el Bienestar, lo que era el Fondo de Enfermedades Catastróficas del desaparecido Seguro Popular. Pero el riesgo sigue ahí: son recursos etiquetados para la atención de padecimientos graves y de alto costo de tratamiento, inaccesible para familias pobres. Por ejemplo, cáncer de mama y cervicouterino, cáncer en niños y adolescentes, trasplante de médula ósea, trastornos quirúrgicos y congénitos.

Según especialistas, dicho fondo tenía 70 mil millones de pesos al concluir el sexenio anterior. A inicios del 2020 habría 30 mil millones que ahora pasarían a gasto relacionado con la pandemia.

Distorsiones

El Secretario de Hacienda y Crédito Público ha asegurado que los beneficiarios de los 109 fideicomisos que están por desaparecer no tendrían problemas, pues los recursos se les canalizarán vía el Presupuesto de Egresos. El problema es que no se precisa cuánto dinero de lo que tomarían habrá de destinarse para cubrir otros gastos de gobierno.

El asunto de fondo es claro: apropiación de recursos que ya tenían un fin y reglas de operación, en el marco de un proceso de agotamiento de las reservas financieras de la administración pública, los famosos “guardaditos”. El mal de largo plazo que se hereda con esto es dejar más actividades al arbitrio de los tiempos e intereses políticos en turno.

Por ejemplo, los proyectos de investigación científica no pueden sujetarse a los ejercicios presupuestales, para que cada año los responsables vayan a tratar de convencer a funcionarios y legisladores de renovar el fondeo. Se trata de proyectos multianuales e inclusive transexenales. Científicos y académicos no sólo defienden el fondeo, sino la independencia de su administración, con las debidas medidas de rendición de cuentas.

En cambio, queda en evidencia que la administración pública federal enfrenta riesgos no sólo de liquidez, sino de insolvencia, a pesar de todo lo que se ha hecho con la bandera de la “austeridad republicana”, con la que han desaparecido instituciones valiosas y se ha dejado a múltiples funciones sin capacidad operativa, ante recortes de 75% en el gasto.

La justificación del combate a la corrupción o abusos puede ser válida; debe haber áreas de opacidad que permitieron la corrupción. Sin embargo, muchos han sido ejemplares en cuanto a su administración profesional y transparente.

En los fideicomisos de ciencia y tecnología, destacadamente, los recursos han sido auditados y centros de investigación como el CIDE manejan recursos autogenerados. Así lo aceptaron los legisladores en audiencias públicas, por lo que este golpe es, de alguna manera, una traición al formato de legislación abierta y de cara a la ciudadanía.

Se desaparece este tipo de fideicomisos productivos ante la la escasez de recursos causada en gran medida por decisiones equivocadas, pero a cambio, no habría ningún paquete de emergencia para ayudar a los millones de mexicanos afectados por la crisis económica. No tiene sentido.

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