Sociedades del Siglo XXI

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Durante los días 15 y 16 de noviembre, jefes de Estado y de gobierno de una veintena de países se reunieron en Antigua Guatemala, en el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana, dedicada al desarrollo sostenible, bajo el lema “Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”, con la mirada puesta en la Agenda 2030, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se despedirán de sus homólogos, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el brasileño Michel Temer, quienes cederán liderazgo al izquierdista Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a Jair Bolsonaro, respectivamente. Fundado en 1991 -a iniciativa de México y España, de acuerdo con registros históricos-, en este espacio se ha buscado desde su origen convertirse en un escenario propicio para encontrar soluciones conjuntas ante problemas comunes que aquejan a la comunidad constituida por veintidós países. La cita es organizada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el gobierno guatemalteco.

Creo que es el escenario propicio para lograr una movilización de voluntades tendientes a identificar oportunidades de desarrollo para los países menos favorecidos de la región, de los cuales, en el último mes, ha emergido de forma espontánea una caravana internacional de migrantes que, en términos generales, han pasado a convertirse en representantes de un movimiento inédito de personas que, a pesar de no padecer de situaciones bélicas, huyen de sistemas inequitativos y corruptos; acosados además por inadaptados sociales y por el desempleo.

El hecho de que el director adjunto del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Federico Bonaglia, advierta en el marco del cónclave que el descenso en el envío de remesas desde Estados Unidos hacia Guatemala, Honduras y el Salvador supondrá un impacto fiscal, constituye en sí mismo un llamado de atención hacia estos países en el sentido de trabajar a “ritmo acelerado” en la identificación de sólidas estructuras nacionales de empleabilidad y fomento de la productividad.

Pienso que estas expectativas sólo podrían ser alcanzadas a través de una apertura despolitizada a la instalación de nuevas empresas y la “invasión” de programas socioproductivos en el sector rural (promoviendo el emprendedurismo y el diseño de políticas tolerantes e impulsoras de la pluralidad), pues es, generalmente de esos estratos sociales, de donde sale una gran parte de la masa poblacional que busca alcanzar el “sueño americano”, en momentos en donde hay una creciente crispación política ultraconservadora que promociona y se ampara en la xenofobia como una forma contemporánea de convivencia para sostener estilos de vida.

Por otra parte, es alarmante que, de acuerdo con el sitio InSight Crime, sean tres factores los que empujan a los centroamericanos de estos países a emigrar: crimen y violencia sin control; instituciones corruptas e impunidad; corrupción al extremo. Esta situación de vulnerabilidad indudablemente debe requerir firmeza estatal para fortalecer el estado de derecho, por lo que la presión internacional sería efectiva en ese sentido al negar participación en foros de este nivel a personas coludidas con aquellos actos que atenten contra la transparencia y la dignidad humana.

Bajo mi punto de vista, la creciente y polarizada situación iberoamericana se convierte en una desventaja para empujar en una dirección unificada, pues siempre prevalecen sentimientos ideológicos confrontados que retrasan el alcance de un verdadero plan transnacional integral que posibilite una visión uniforme y genere una respuesta semejante ante los acuciantes problemas de pobreza y desigualdad persistentes en la región.

En definitiva, la cumbre debe convertirse en una verdadera oportunidad para la reinvención y mirar hacia atrás (sobre todo a los más desfavorecidos -niños y ancianos- del sistema, en donde una población mayor a los seiscientos treinta y siete millones de personas aún maneja cifradas esperanzas de que la situación puede cambiar.

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La periodista estadounidense Sally Lehrman ha liderado a partir del 2015 “The Trust Project” (Proyecto de Confianza); mismo que ha tenido su centro de operaciones en el Centro Markkula para la Ética Aplicada de la Universidad de Santa Clara, en la nación norteamericana. Hasta el momento, forman parte de esta iniciativa unas setenta y cinco destacadas cabeceras internacionales que se han adherido a esta propuesta que, a través de un esfuerzo colaborativo global, busca restaurar la confianza pública en la publicación de historias fidedignas en los medios de comunicación, “a través de la rendición de cuentas y la transparencia”.

En un principio, cabe destacar la idea como una interesante alternativa de honestidad y responsabilidad mediática, justo en momentos en donde cualquier producto periodístico, particularmente difundido a través de las plataformas digitales “huele a noticias falsas” (fake news), debido a la progresiva pérdida de credibilidad de las audiencias en los contenidos publicados por los mass media, debido quizás a la recurrente práctica mediática-corporativa de posibilitar los espacios comunicativos para que determinados grupos de poder político-económicos usen dichas plataformas con “ciertos sesgos”, lo cual, indudablemente, ha degradado de alguna u otra la forma la noción primigenia del balance periodístico.

Creo que, en este esfuerzo, se deben incorporar reflexiones desde instancias tan diversas y confrontadas ideológicamente como sectores estudiantiles, empresarios con intereses en el sector, investigadores académicos, líderes de sociedad civil y representantes de minorías étnicas que tradicionalmente no han tenido acceso al espacio público, debido al “control de la agenda” por parte de sectores interesados en evitar la comunicación de historias equilibradas y reivindicativas del derecho a la información, de realidades no falseadas ni trastocadas.

A mi parecer, el hecho de que motores de búsqueda y diversas plataformas de medios sociales participen como socios externos es una demostración contundente de querer contribuir a bajar los estándares internacionales de desinformación, a través de un meticuloso proceso de identificación y valoración de la autoría de lo compartido y difundido en los distintos soportes digitales.

Por otra parte, me parece importante remarcar en las aulas de clase de periodismo y comunicación de las diferentes universidades, la importancia de la formación en ética como un valor humano clave en la promoción de la justicia y la paz, pero que a la vez entraña en sí mismo la búsqueda de la verdad, así como comunicar con transparencia, evitando con ello “inocular” el germen de la subjetividad tendenciosa en la construcción de una realidad incompleta.

Ya lo han señalado expertos en ética periodística como Javier Darío Restrepo, en el sentido de que preferir una verdad alternativa a la basada en hechos, “no sólo erosiona la debilitada credibilidad de los medios, sino que también apela a las emociones de la gente que, cada vez más, prefiere sólo escuchar a quienes piensan como ellos mismos”.

De manera tal que -quiérase o no- el hecho de que diversos medios de comunicación se unan a este proyecto internacional deja entrever tácitamente una especie de reconocimiento de “fallas estructurales” en los procesos que abarcan desde el inicio y búsqueda de la historia misma, hasta su publicación.

Ahora bien, la ética ha sido entendida, desafortunadamente, desde un contexto o pensamiento ideológico que lo único que busca es la legitimación de determinadas rutinas productivas de historias periodísticas, a fin de prolongar y perpetuar los sistemas mediáticos vigentes, mismos que creen responder a los “intereses de las mayorías”.

En conclusión, los indicadores de confianza seleccionados por los medios participantes en esta actividad me parece que busca, entre otras cuestiones, “rescatar” el interés genuino de las audiencias por los contenidos publicados, y convertirse en un parteaguas a partir del cual los medios buscan reinventarse en la tarea del servicio público de informar.

Postdata: The Trust Project sigue en línea los principios de la Comisión Hutchins de 1947, concerniente a la promoción y ejecución de la actividad periodística para contribuir a una prensa libre y responsable con su tarea social.

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El presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, ha anunciado este miércoles la necesidad de potenciar la captación de trabajadores rusohablantes y ciudadanos de origen ruso en la diáspora para cubrir las necesidades del mercado laboral. De acuerdo con lo comunicado, las autoridades rusas reducirán trámites para la obtención de visados y permisos de trabajo: asimismo, se impulsan estrategias para despertar el interés de internamiento de extranjeros y su posterior integración en la sociedad rusa. Lo anterior, con el propósito de hacer frente a la crisis demográfica y económica de la nación euroasiática.

En un principio, creo que la iniciativa lanzada por el mandatario ruso -en el contexto de los nacionalismos a ultranza y las xenofobias de países desarrollados como nuevos estilos de vida ante la inmigración indocumentada- forma parte de una histórica y renovada confrontación de percepciones sobre realidades sociales entre países catalogados socialistas y naciones capitalistas.

Creo que éste es un mensaje en claro contraste a las políticas restrictivas y selectivas de países altamente industrializados que privilegian, de alguna u otra manera, la etnicidad blanca y financieramente estable y confortada; pero que, en cambio, de forma “no intencional” e invocando principios de soberanía, en la otra cara de la moneda, todos aquellos grupos marginados y tercermundistas se ven sometidos a largos y tortuosos procesos de selección y exclusión de esquemas laborales que, sin lugar a dudas, podrían contribuir a mitigar los impactos del hambre, la inseguridad y la desesperanza en países del sur subdesarrollado.

Tal es el caso de la iniciativa reciente comunicada por el presidente estadounidense Donald Trump, de buscar la anulación de la vigencia del principio jurídico Ius Soli (“derecho del suelo”) a todo niño nacido de padres extranjeros en el país norteamericano. Indudablemente, al lograr tal propósito, creo que se dará luz verde de manera sesgada para lo que podría llamarse una “selectividad condicionada” (es decir, se buscarían mecanismos para que sólo aquellos niños “aptos” y nacidos en Estados Unidos de progenitores foráneos puedan seguir haciendo uso de ese antiquísimo derecho).

Bajo mi punto de vista, la estrategia rusa (en una clara entronización geopolítica de la “marca Rusia” a escala global, así como el vibrante y latente protagonismo en la delimitación y control de la realidad mundial) debería convertirse en un llamado a la reflexión de las autoridades de las potencias occidentales, relativo a la procreación de nuevos esquemas migratorios como una prospectiva para la búsqueda del talento humano en países subdesarrollados (contribuyendo paralelamente al desarrollo internacional) y evitar, o por lo menos “suavizar”, todas aquellas decisiones impulsadas y orientadas a partir las sociedades contemporáneas en dos (buenos vs. malos; blancos vs. negros; pobres vs. ricos; ignorantes vs. cultos).

Esta confrontación global bajo perspectivas discrepantes en la percepción del fenómeno migratorio se ejemplifica a continuación con las dramáticas -ya no es una sola- caravanas de emigrantes centroamericanos que tocan suelo mexicano, en donde han sido bien o mal vistas, dependiendo de las concepciones individuales que tienen los ciudadanos de la república mexicana sobre la inmigración indocumentada. Indiscutiblemente, es indefendible la forma abrupta mediante la cual masas de personas entraron a México, rompiendo con ello criterios de soberanía territorial, lo que denota desesperación, tal vez con la esperanza de conquistar horizontes que les permitan alcanzar condiciones respetuosas de su dignidad humana.

En definitiva, el mundo se ha vuelto un caos de transaccionalidad migratoria indocumentada no reglamentada, mucho menos convencionalizada, provocada por virulentas guerras, endémicos sistemas de corrupción (tolerados de una u otra forma por países desarrollados) e indiferencia sociopolítica sobre realidades locales (relativo a las deficiencias estructurales en todos los sentidos en zonas de origen de los migrantes). Esta situación será resuelta sólo cuando haya una conciencia migrante de los riesgos de migrar desordenadamente, y que los estados además cumplan su función de propiciar las condiciones básicas de convivencia, fortaleciendo y rediseñando el acceso a trabajos de calidad por parte de sus ciudadanos. Entendido esto como un derecho humano básico elemental que contribuye a hacer realizables otros derechos.

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En esta semana el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), una facción de izquierda aglutinada dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ha vuelto a la carga y ha paralizado de forma relativa las actividades académicas en el centro educativo como una “forma de apoyo” a la caravana migrante de hondureños, en tránsito por la república mexicana. Diversos sectores sociales reclaman la aplicación de sanciones “ejemplares” a los supuestos estudiantes universitarios, quienes aprovechan las distintas coyunturas sociopolíticas para apostarse enfrente del recinto educativo y tomar el boulevard Suyapa en Tegucigalpa, capital hondureña, como “medidas de presión para promover cambios sociales”.

Para empezar, creo que el derecho a la protesta es interpretado, relativizado e impulsado de acuerdo con los intereses ideológicos de grupos de presión como el MEU que, de forma paralela, afecta a una gran masa poblacional, la cual, con base en un esfuerzo continuo, busca educarse cotidianamente para enfrentar los retos de un mundo cambiante y globalizado.

Pienso que este grupo radical (de cierta forma) sigue líneas muy extremas, inspiradas en el liderazgo del veterano líder del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Manuel Zelaya Rosales, y en el proceso de “recuperación de la democracia”. Mientras tanto, brillan por su ausencia propuestas propias, serias y fundamentadas, a fin de articular mecanismos tendientes a la preservación de la calidad institucional.

Bajo mi consideración, este movimiento estudiantil pierde la panorámica horizontal, pues no son los estudiantes universitarios los culpables del masivo éxodo de “catrachos” hacia Estados Unidos. Más bien, la situación obedece a causas sociohistóricas y estructurales que niegan el derecho al desarrollo de grandes capas ciudadanas, quienes se ven entonces “obligados” a “tomar decisiones arriesgadas”, en pos del llamado florecimiento humano.

Por otra parte, las autoridades universitarias en lo único que pueden apoyar, en el contexto de la llamada “crisis humanitaria” de emigrantes hondureños, es en la continuación y resingularizacion de las prácticas educativas con el propósito de generar el recurso humano que la sociedad requiera, para diseñar e impulsar los cambios de raíz que la ciudadanía refiere para el empleo y las condiciones de seguridad pedidas “a gritos” por la sociedad hondureña.

En ese escenario, lo que realmente se podría observar es que esta agrupación estudiantil busca “cobrar vigencia”, pero, a través del camino equivocado -a falta de ideas y el raciocinio inteligente-, la activación de mecanismos de “fuerza bruta” que detienen y entorpecen el desarrollo normal de las clases, lo cual, indudablemente, genera caos y acortamiento de los temas estudio.

Es importante reseñar que la gente emigra por las pocas opciones de acceso a la formación educativa formal, además de las adversas condiciones de trabajo e inseguridad, a las que se ven sometidos grandes segmentos sociales. Esto, indiscutiblemente, se ve agravado por la pérdida de clases en el sector educativo, lo cual deriva en una preparación “a medias” del alumnado en el principal centro de promoción del conocimiento del país.

En mi opinión, el éxodo masivo de connacionales se constituye en sí mismo omo un fuerte llamado de atención a la clase política hondureña, acostumbrada a través de los tiempos a replantear políticas sociolaborales, a fin de retener mano de obra joven que no encuentra los espacios para desarrollar potencialidades formales y semiformales. Si los países amigos, como México, han tolerado la abrupta irrupción de la masa migrante hondureña, es en cumplimiento a los convencionalismos internacionales de respeto a los derechos humanos de los extranjeros centroamericanos.

En definitiva, asociaciones como el MEU deben entender que no es por medio de la violencia y la afectación del “otro” que se alcanzan los cambios en nuestras sociedades contemporáneas. Es, más bien, a través de la propiciación del consenso y la búsqueda del bienestar común, para gozar del florecimiento individualizado.

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El reciente sábado 13 de octubre un grupo de personas (unas 2,000) se apersonaron en la norteña ciudad hondureña San Pedro Sula con un solo objetivo en mente, emprender una larga y arriesgada travesía por tierra para llegar a Estados Unidos, a pesar de las serias advertencias del gobierno estadounidense presidido por Donald Trump de cortar la cooperación económica a Honduras, si el presidente “catracho” Juan Orlando Hernández (JOH) no maniobraba para desestimular y detener la emigración masiva de hondureños. Esta muchedumbre ha ido haciendo “escalas” obligadas, debido a la imperiosa necesidad de pernoctar en zonas estratégicas para recuperar energías y continuar la marcha.

Diversas instancias nacionales e internacionales han hecho un llamado a garantizar la seguridad física de los caminantes, al tiempo que, desde el gobierno norteamericano, se han girado instrucciones al ejército estadounidense a fin de que estén atentos ante la situación. El vicepresidente de la nación norteamericana Mike Pence llama a este fenómeno espontáneo -impulsado sin duda por la vibrante interconectividad de redes sociales- una “flagrante falta de consideración hacia nuestra frontera y nuestra soberanía”. De acuerdo con el funcionario, en el 2017 unas 225,000 personas ingresaron a Estados Unidos provenientes de los países del triángulo norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras.

En un principio, es necesario señalar que esta acción de los emigrantes obedece a altas dosis de emotividad ante la sesgada interpretación de las normas jurídicas estadounidenses, de parte de personas malintencionadas que buscan sembrar desinformación sobre los potenciales beneficios que obtendrían los migrantes que transitan en masa, a raíz de riesgos en el país centroamericano, producto del acoso del crimen en sus diversas manifestaciones y las tasas de desempleo.

Cabe señalar que las caravanas, en el contexto del tema migratorio, han sido una constante en los últimos años, ya sea por parientes que buscan a sus familiares en la ruta migrante, como ésta iniciada a mediados de mes, cuyos integrantes de manera abierta han hecho ver su “deseo” de alcanzar el llamado “sueño americano”.

Creo que los emigrantes actúan apresuradamente y de manera irresponsable pues en el trayecto también viajan personas vulnerables a diversos peligros, tanto climáticos como del crimen organizado. Pero también, es en sí mismo un desconocimiento de la soberanía migratoria de países como México y Estados Unidos, aupados en un principio por el dirigente de izquierdas y exdiputado del partido Libertad y Refundación (LIBRE), Bartolo Fuentes, quien recientemente ha sido retenido por la policía de fronteras en Guatemala con el objeto de repatriarlo a Honduras, convirtiéndose así en estrategias disuasorias de contención, con el respeto a los derechos humanos de los forasteros.

Sin lugar a duda, se hace impostergable la activación del sector productivo tanto en el campo como en las ciudades, a fin de abrir el paraguas y que los ciudadanos puedan encontrar opciones reales que les permitan florecer en un país hastiado de corrupción e impunidad; así como la falta de reglas claras para fomentar la competitividad, proteger y fomentar el emprededurismo.

Por otra parte, las autoridades políticas hondureñas, acostumbradas a politizar los accesos de la ciudadanía a puestos de trabajo -por lo menos en lo que al sector público concierne-, deben dar muestras claras de un cambio cultural en la gestión del recurso humano, pues muchas veces, aspirantes con altas cualificaciones y actitudes quedan relegados de la posibilidad de propiciar cambios de raíz.

Pienso que esta situación “vergonzosa”, quiérase o no, es una fría bofetada al gobierno hondureño, cuyos representantes en foros internacionales han remarcado “avances” en el progreso; no obstante, hay que subrayar también que lo que acontece actualmente con esta multitudinaria marcha -que ha acaparado la atención de la prensa internacional- obedece a la falta de dinámicas de políticas públicas que potencien el desarrollo en las comunidades y los sesgados procesos de gestión del cambio y del desarrollo (afectados por un denostado clientelismo político que ha demostrado ser estéril a través de la historia).

En conclusión, para que Honduras no vuelva a pasar episodios como éste, es necesario trabajar con todos los sectores de la hondureñidad para reavivar la esperanza; atacar la corrupción e impunidad; fortalecer los sectores educativos y sanitarios; revitalizar estrategias de seguridad ciudadana comunitaria; y, promover foros públicos para la socialización de mejores prácticas en la administración de proyectos exitosos que contribuyen al crecimiento económico.

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Desde diferentes zonas del planeta, a través de los más diversos medios de comunicación (tradicionales y ciudadanos), ha habido una constante en estos días, la de patentizar el acrecentamiento de diversos fenómenos meteorológicos que afectan a múltiples grupos poblacionales. Desde el fuerte terremoto y tsunami acaecidos a principios de mes en Indonesia; el huracán “Michael” que ha afectado territorio estadounidense; hasta los desbordamientos de ríos en Honduras e inundaciones en Mallorca, España, han acaparado la atención de la comunidad internacional y de la prensa global. Ya lo advertían líderes europeos, en conjunto con el Consejo de Academias de Ciencias europeas (EASAC), mediante un informe publicado en marzo. En éste hicieron un llamado de emergencia para adaptar las infraestructuras de vida a “un clima que cambia”. De acuerdo a estos expertos, en los últimos 36 años, los fenómenos climatológicos extremos en el mundo han sido más frecuentes debido al cambio climático.

Y no es para menos; son los reflejos cercanos de cierto “resentimiento” de la naturaleza ante el daño que ha sufrido, producto de las diversas manifestaciones del hombre, a todas las escalas, en la aceleración de la degradación de la misma. Por ejemplo, de acuerdo a datos proporcionados a mediados de año por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el impacto económico provocado por este fenómeno a la República mexicana, en el periodo comprendido de 2001 a 2013, ronda los 17,949 dólares.

En un principio, creo que el hecho de que actores importantes, como Estados Unidos, hayan manifestado continuamente su intención de abandonar el llamado “Acuerdo de París” contra el cambio climático (decisión que, de materializarse, de acuerdo con las cláusulas estipuladas en el mismo, sería efectiva después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 en Estados Unidos) es alarmante. No cabe duda de que estas intenciones manifestadas públicamente son producto del negacionismo permanente de Donald Trump, que lo lleva a no reconocer los efectos adversos del cambio climático, porque al hacerlo, admitiría tácitamente la responsabilidad de las grandes potencias en la emisión de contaminantes que afectan al planeta.

Pienso que estas acciones sistemáticas y carentes de sensibilidad humana obedecen a una lógica monetaria empresarial a escala planetaria (producir a gran escala; así como, activar y crear nuevas y diversas industrias que generan contaminantes alrededor de la tierra), sin importar los daños a las más variadas ecologías comunitarias del universo.

Por otra parte, es importante destacar el papel protagónico que podrían asumir potencias emergentes para asumir su papel de liderazgo en la solución de los grandes problemas medioambientales que asfixian al orbe (producto de un continuado modo de vida de extremos), en donde siempre son las poblaciones más pobres de la Tierra quienes afrontan directamente las consecuencias nefastas de los embates naturales (ya sea por las inadecuadas infraestructuras en las que viven o por el agravamiento de esas condiciones debido las crecientes tasas de  crecimiento poblacional en el seno de dichos grupos humanos).

Bajo mi punto de vista, la institucionalidad estatal de los países -a todos los niveles- debe jugar un papel más determinante al momento de “exigir” nuevos criterios ecológicamente sostenibles a los inversionistas, a fin de que las comunidades no se vean tan dramáticamente afectadas. Esto sólo será posible mediante un reconocimiento de corresponsabilidad entre todos los actores sociales, así como mediante la creación y rediseño de nuevos esquemas socioambientales que permitan una actualización permanente de las condiciones de vida de las personas más vulnerables. Para lograr lo anterior, pueden desempeñar una tarea fundamental tanto el sector educativo como el religioso (con el cometido de crear conciencia sobre los riesgos de habitar una tierra sometida a los más variados vaivenes de la naturaleza, producto de un acumulado desinterés de hallar y consensuar soluciones que contribuyan a un mundo más sustentable).

En definitiva, sin un encuentro de posiciones que sean desinteresadas y si, al mismo tiempo, no se hace un llamado efectivo a la acción -que favorezca y trabaje por la vida humana y silvestre-, esta situación degenerará en mayor caos y, como siempre, quienes más se verán afectados serán aquellos seres humanos situados en condiciones de periferia.

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Esta semana, comprendida del 1 al 5 de octubre, empleados públicos hondureños han dispuesto de un feriado en el contexto de la denominada “Semana Morazánica”; entretanto, trabajadores del sector privado han hecho uso de éste desde el mediodía del miércoles 3 de octubre. Esta disposición ha sido impulsada desde el gobierno central como una apuesta para el impulso a la llamada “industria sin chimeneas”, en un país que resiente una emigración masiva de personas hacia Norteamérica debido a dos factores determinantes: inseguridad ciudadana y el galopante desempleo de grandes segmentos poblacionales (desde el campo a la ciudad). Este asueto tiene su origen en una iniciativa legislativa introducida en 2014 por la congresista Doris Gutiérrez, de manera tal, que este año cumple su cuarto año de vigencia. Esta disposición está enmarcada en el tributo hecho al extinto líder independentista hondureño Francisco Morazán Quezada.

En primera instancia, la promoción de estas actividades festivas puede interpretarse como una decisión política para “rescatar” el amor patrio, en una nación en donde hay un gusto exacerbado por el consumo cultural de industrias extraterritoriales, debido a una latente falta de identidad, propiciada desde sus orígenes en la falta de acuerdos nacionales, tendientes a fomentar y “premiar” las iniciativas individuales o colectivas que sirvan a los intereses socioculturales del país. Pienso que otro valor contracultural que ha afectado el cariño patrio ha sido la excesiva tolerancia a la impunidad enraizada en todos los circuitos sociales de la población hondureña, además de la falta de oportunidades para desarrollar capacidades y actitudes.

Bajo mi punto de vista, para que haya “turismo interno” debe haber un acceso a fuentes dignas y lícitas de trabajo por parte de los nacionales. No obstante, en recientes informes como el de “La seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”, presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), indica que Honduras ocupa el cuarto lugar entre los cinco países con más hambre en Latinoamérica, reflejando con ello la necesidad de reorientar las políticas productivo-consumistas, haciendo énfasis en la necesidad de acompañar y subsidiar al campesino, a fin de contribuir a la exploración de nuevas actividades cultivables, pues se observa que los efectos del llamado “cambio climático” han calado fuerte en amplios sectores rurales que han dependido históricamente de lo que producen en el campo.

Por otra parte, pienso que el reciente feriado morazánico debe servir como un escenario propicio para conocer las bondades del territorio hondureño, su belleza natural y reflexionar en la necesidad de impulsar medidas regionalizadas (conforme los códigos culturales de las comunidades) para fortalecer la flora y fauna de los más de 112,492 kilómetros cuadrados, en momentos en donde la naturaleza claramente ha sufrido en los últimos años los embates de destrucción de sendos bosques de pino a raíz, por ejemplo, del daño qua ha causado el fenómeno del “gorgojo descortezador del pino”, llamado científicamente Dendroctonus frontalis, que, de acuerdo a datos oficiales, ha afectado a más del 35% de estos árboles (más de medio millón de hectáreas)

Creo que estas experiencias deben servir como registros históricos a fin de plantear la necesidad de poseer las herramientas técnico-científicas para contener fenómenos como estos en sus etapas iniciales y así evitar el desproporcional daño a la madre naturaleza (en momentos en que la deforestación indiscriminada convierte a las comunidades en terrenos fértiles que resienten todo el rigor de fenómenos como las inundaciones y las sequías, entre otros).

En definitiva, el reembellecimiento del verdor y la belleza natural de países como Honduras pasa por el involucramiento de todos sus ciudadanos en la prevención y protección de aquellos sistemas ecológicos que dan frescura y posibilitan mitigar los efectos globales de la descomposición natural, producto de la omisión (consciente e inconsciente) de los seres humanos, al no sojuzgar la naturaleza de una manera responsable y respetuosa.

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Capital hondureña desde 1880, pero con un origen que data de 1578 (establecida en ese entonces como un poblado español), Tegucigalpa, conocida etimológicamente por unos como “Cerro de plata” y por otros como “Lugar donde se reúnen los señores”, celebra este 29 de septiembre sus 440 años de existencia, con una serie de actividades organizadas para recordar el recorrido histórico de la urbe para constituirse en el principal centro sociopolítico de la nación.

Entretanto, un alegre carnaval desarrollado el reciente 22 de septiembre ha servido como punto de encuentro para que personas de diversas tendencias ideológicas y condiciones socioeconómicas aprendan un poco más sobre la historia urbana y el proceso transicional de una ciudad enclavada entre cerros, mismos que, de acuerdo a historiadores -entre 1894 a 1924-, después de haber alcanzado la independencia del imperio español, servían como reductos ampliamente disputados entre opositores políticos para hacerse del control de la zona. Según los historiadores mexicanos José Dávila y Alfredo Barrera, Tegucigalpa proviene del vocablo náhuatl “Tecuztlicaltipan”, o sea “Lugar de Residencia de los Nobles”.

En primer lugar, podríamos destacar que Honduras y particularmente la ciudad capital han podido resistir y sobrevivir a través de la historia a una serie de embates de la naturaleza (huracanes Fifi y Mitch). A pesar de su irregular topografía e invasiones desordenadas de sectores inhabitables (a falta de un reordenamiento urbano y a la necesidad de fomentar sostenibles políticas públicas que permitan descongestionar la metrópolis para así contribuir de manera paralela a la gestión y resolución de problemas ingentes como: la inseguridad ciudadana, el desempleo y la falta de acceso -en algunos sectores- a recursos básicos como el agua, entre otros).

Pienso que se han dado pasos muy importantes en materia cultural, al gestionar desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el Centro de Arte y Cultura (CAC) -el cual inició funciones formalmente el 15 de octubre de 2012-. Aquí convergen representantes de las más variadas creaciones humanas; el mismo sirve además como un importante instrumento para movilizar recursos simbólicos estratégicos para intervenir en diversos espacios ciudadanos, a fin de posibilitar el conocimiento de las creaciones humanas en sus diversas manifestaciones. Fomentado e impulsado lo anterior a través de dinámicos procesos que involucran artistas -en sus distintas expresiones-, historiadores, agencias internacionales de promoción de la cultura y gobiernos -central y municipal-. No obstante, creo que para mediatizar estas acciones debe haber un mayor involucramiento de la prensa nacional (y apropiación del entorno de cobertura) para la gestión y publicación de productos mediáticos de tal naturaleza.

Por otra parte, las autoridades municipales deben apuntar -en colaboración y coordinación con contrapartes- a la gestión y consolidación de ciudades ecológicas, que permitan la reingeniería forestal, el control de emisiones de los distintos contaminantes, además de una readecuación en materia legislativa que permita gratificar los esfuerzos comunitarios para la innovación en gestión ambiental, y sancionar, asimismo, a aquellos ciudadanos que contribuyan al deterioro socioambiental.

Bajo mi punto de vista, debido a la vulnerabilidad de ciertos sectores ciudadanos ante los riegos generados por deslizamientos provocados por las lluvias, las autoridades edilicias deben flexibilizar sus ejecuciones administrativas, que permitan no solamente inundar la ciudad de obras de infraestructura vial -lo que acontece actualmente-, sino que además contribuyan contribuir al estudio, acompañamiento y  reordenamiento de estas personas, que generalmente carecen de fuentes de ingresos -a raíz de la desigualdad laboral y de oportunidades-, que les permitan acceder a viviendas apropiadas como garantías a su dignidad humana.

En definitiva, la experiencia acumulada por parte de los habitantes de la ciudad, así como la capacitación del recurso humano en diversas disciplinas sirven y deben coadyuvar como una base necesaria e impostergable que permita empujar -amparados en principios de promoción de la justicia y oportunidad para todos- el rediseño urbano que inserte a la ciudad en el contexto global de las denominadas “ciudades inteligentes” y desarrolladas, en boga actualmente en la terminología universal.