Cámara de diputados

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La patética disputa entre el Presidente de la República y los gobernadores de diez estados, agrupados en la Alianza Federalista, muestra el grado de rispidez de la confrontación política nacional y también una de las muchas entelequias constitucionales: la soberanía y la libertad de los estados de la República (federal) Mexicana.

En esencia no hay novedad. Los hechos de hoy son la repetición de los que ocurrieron en otras épocas. La transformación proclamada es en realidad la regeneración del viejo régimen priista.

Cualquier reportero que haya cubierto la Cámara de Diputados, en cualquier época del siglo pasado, sabe de las negociaciones entre el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y otras entidades gubernamentales que acudían a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión de Hacienda de ese órgano legislativo a buscar el presupuesto federal que requerían.

La asignación del presupuesto federal servía también para chantajes y castigos, pero no sólo del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales contra municipios de la oposición.

De acuerdo con la Constitución, los estados mexicanos son libres y soberanos, y los municipios son libres. Es decir, por lo menos semánticamente, –el escribidor no es experto constitucionalista, sino un simple lector– los estados poseen una autoridad suprema e independiente y la libertad de obrar o no en otro sentido.

En otras palabras, al menos teóricamente si se hace caso a la gramática, se supone los estados que integran la República (federal) Mexicana podrían tomar decisiones soberanamente, incluso la de dejar de pertenecer a la Federación.

Pero, esas facultades constitucionales son realmente irreales en un sistema político extremadamente presidencialista como el mexicano, cuyo exceso lo convierte en una república centralista, dependiente de la voluntad única del presidente, que hoy se exacerba.

¿Un estado libre y soberano podría separarse de la federación de la que es miembro? Es de suponerse que sí, si es que es libre y soberano. Pero, ¿dónde radica y quién debe ejercer la soberanía de ese estado? Pues, en principio, es de suponerse que en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de ese estado, pero hasta donde el escribidor sabe no existe un procedimiento legal para que un estado mexicano libre y soberano se separe de la federación y tampoco –eso lo deben contestar no sólo los juristas, sino también los historiadores– un procedimiento para que un estado se agregue a la federación. ¿Cómo fue que los 32 estados de la República Mexicana decidieron integrarse a una federación? ¿Cuál fue el procedimiento?

Y lo verdaderamente grave es confundir “pacto federal” con “pacto fiscal”. Por supuesto que en ambas partes en disputa existe el deseo que mantener esa confusión, para obtener réditos políticos.

Pero lo cierto es que en la actualidad los estados ni son libres ni son soberanos; económicamente dependen del reparto del dinero público que haga el gobierno federal en sus presupuestos anuales. Desde hace muchos años que existen estados, sobre todos los norteños y ahora los centro con su despegue económico, que reclaman al gobierno federal por el reparto del dinero que producen los impuestos federales en sus territorios y que regresa en cantidades muy menores en el presupuesto.

Esa es la esencia del conflicto actual entre los diez estados de la Alianza Federalista y el gobierno federal o, mejor dicho, el presidente de la república, quien anunció su negativa a recibir a los gobernadores para dialogar, conciliar, negociar “por el bien de la república”, se decía antes, para no poner en riesgo la “investidura presidencial”. Un real reportero le preguntaría al presidente: ¿Recibir, escuchar y dialogar con un gobernador o un grupo de gobernadores afecta a la investidura presidencial? Si es así, ¿el presidente ya no recibirá a ningún gobernador que le solicite audiencia?

El secretario de Hacienda ya intervino en la disputa mediante mensajes en Twitter, afirmando que los gobernadores, principalmente los que provienen del PAN, no tienen razón de quejarse porque el gobierno de la transformación está aplicando las reglas del pacto fiscal federal asumidas durante el gobierno de Felipe Calderón, que en este caso es muy respetado, aunque en otras cuestiones sea el villano favorito. Otra pregunta reporteril: ¿Luego de dos años no se han podido modificar esas leyes calderonistas? Es que se tiene que modificar la Constitución, responderán; bueno, el presidente ha dicho, en otros casos como el de las energías, que si es necesario modificar la Constitución, se hará. ¿Por qué no en éste? ¿Por qué le conviene al gobierno federal tener el control económico y someter a los estados gobernados por la oposición?

La disputa entre los diez gobernadores y el presidente de la república no concluirá en ninguna solución favorable a los ciudadanos de esos diez estados.

Y peor aún, un grupo de esos gobernadores ya cayó en la trampa que les tendió el presidente de la república: convocar a presuntas consultas populares sobre el tema; es decir, jugar en su propio terreno, en el de su discurso populista. El presidente de la república ha dicho que la demanda de esos gobernadores es una estrategia electoral. Lo dice un experto en estrategia electoral, quien tiene los recursos para darles la vuelta. Ya está ganando.

Nadie, en su sano juicio, puede negar el derecho de la demanda de los diez gobernadores, pero el primer camino elegido no ha sido el correcto. Ojalá y tengan una verdadera estrategia para enfrentar a un presidente que se niega a dialogar y que su objetivo es polarizar y dividir, con el objetivo de tener el poder absoluto. La real es una disputa por el poder.

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