La iniciativa de una consulta popular para juzgar a expresidentes supone responder una pregunta profunda de la vida pública mexicana: ¿para qué? Aunque sobran razones bien justificadas para investigar el pasado, el interés concreto es divergente dependiendo de a quién se le pregunte opinión. En cualquier escenario, en el trasfondo se comparte una idea: el agravio transexenal. Un juicio supone un camino jurídico cuyo destino podría traducirse en el resarcimiento del daño y el castigo a culpables. Nada desdeñable, pero implica preguntarse si, como sociedad, pretendemos que la justicia se active a punta de consultas populares. Además, poner a la consulta popular como parapeto para activar procedimientos de justicia es un pésimo antecedente. Aun y cuando ahora pueda haber consenso, la historia está llena de delincuentes populares a los que les habría venido bien que se consulte públicamente su inocencia.
En este contexto, y desde hace meses, la idea de impulsar un “Maxiproceso” en México circula en el debate público, particularmente a raíz de la extraditación y declaración de Emilio Lozoya. El concepto proviene de la experiencia siciliana en los ochentas, cuando fiscales antimafia locales (mejor conocido como Pool Antimafia) armaron y llevaron a buen puerto jurídico la acusación contra el núcleo amplio y duro de la Cosa Nostra, el grupo mafioso local. El juicio, que duró años, terminó exitosamente en los juzgados, pero penosamente en las calles de Palermo después de que la mafia local asesinara a Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, dignos jueces y mentes maestras detrás del Maxiproceso y héroes locales en la actualidad.
¿Qué tanto le funciona a México emular la experiencia siciliana del Maxiproceso? En Sicilia, el Maxiproceso se ocupó primordialmente de llevar a la cárcel a mafiosos, y de rebote también sirvió para construir una suerte de bloque común en contra de la mafia. De esa manera se consolidó lo que se conoce como el movimiento antimafia que fue eficiente para disminuir la violencia y el poder de la Cosa Nostra en aquella isla italiana. En México el reto es mucho mayor y más complejo por varias razones. De entrada, no se trata de un problema local, sino de una secuencia larguísima de problemas locales. El país está lleno de agravios de violencia, corrupción e impunidad. En segundo lugar, en este caso se pide enjuiciar a exgobernantes, cuyos presuntos cargos ocurrieron mientras ocupaban cargos de gobierno al más alto nivel. De varias maneras se estaría juzgando la responsabilidad del Estado. Además, la idea de un Maxiproceso en el sentido siciliano prioriza el encarcelamiento de culpables sobre una idea de reparación, justicia y dignificación de las víctimas. Esto es por demás problemático porque ningún proyecto de reconciliación funcionará en México si no se antepone este elemento.
En este contexto, un grupo de ciudadanos (con Alfredo Lecona como portavoz) han propuesto dar un giro fascinante a la idea de la consulta. En lugar de preguntar si se enjuicia a exgobernantes, se propone consultar la creación de una comisión amplia de verdad. La idea es tan sugerente como relevante porque le resta al tono de revanchismo con el que se ha planteado la consulta de juicio a expresidentes, y en su lugar antepone justamente la reparación, justicia y dignificación. Si derivado de los resultados de esta comisión, los siguientes pasos son enculpar y encarcelar, bienvenido sea, pero sobre las bases de la verdad que hoy no tenemos. En Chile, por ejemplo, persistirá el agravio de saber que Pinochet murió en su cama y no en la cárcel, pero también lo hará la certeza de su responsabilidad durante la dictadura en aquel país. Al día de hoy, es difícil saber y decir qué viene pasando en México desde hace lustros. Al país le urge construir una verdad articulada que señale responsabilidades y anteponga a los agraviados.
En México existe un antecedente de comisión de verdad. A principios de siglo, y en el contexto de la transición de partido en el gobierno a raíz de la victoria electoral de Vicente Fox, se echó a andar un proyecto de esta naturaleza que tristemente fracasó. La idea era construir verdad en materia de las violaciones a derechos humanos y masacres de eventos como el 68, la guerra sucia, entre otros. La decepción del resultado fue mayúscula. No logramos resolver aquel pendiente y, menos de veinte años después, ya estamos ante la urgencia de promover una nueva comisión de verdad que atienda los agravios de los años recientes. Esto, claro, sin olvidar los anteriores. Antes de pensar en maxiprocesos que puedan desvirtuarse y sólo sirvan para saciar rencores históricos, la sociedad mexicana necesita pensar en maxiverdades que le permitan transitar hacia la justicia. Éste y no otro es el camino hacia la reconciliación.
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