Emilio Lozoya es un personaje que adquirió relevancia a partir de que fue acusado por un sinnúmero de hechos delictivos entre los que destacan los de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho. Fue Director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y como tal se enriqueció y repartió millones de dólares entre sus cómplices.

Lozoya huyó del país, pero pronto fue capturado en España en una zona residencial exclusiva de la provincia de Málaga, con lo cual evidenció que además de contar con recursos millonarios para desplazarse y vivir holgadamente, gozaba de poderosos contactos para intentar ocultarse.

Pero lo más lamentable es que aparte de sus fechorías, involucró a varios de sus familiares en el desvío de recursos, entre ellos a su señora madre, por lo que las autoridades actuaron en su contra.

Lo sorprendente del caso es que después de que fue detenido, Lozoya recibió un sinnúmero de beneficios y un trato preferencial con el pretexto novedoso de poder acogerse al denominado principio de oportunidad como testigo colaborador.

El principio de oportunidad consiste en suspender la acción penal en contra de un inculpado, cuando se compromete a colaborar con su testimonio para denunciar y castigar un delito de mayor proporción al que se le acusa. Esta situación es inédita en nuestro medio, aunque es muy conocida en el derecho anglosajón, donde es constante que los fiscales tengan arreglos con delincuentes con tal de que estos denuncien a sus cómplices, siempre y cuando sean de superior jerarquía, pues lo que se busca es castigar a los delincuentes de alto rango que hayan participado en una trama criminal o en una cadena de corrupción.

En este sentido resultó escandaloso que Lozoya haya sido extraditado a México en condiciones verdaderamente generosas y amables, e incluso se le mandó un avión especial, cuando lo común es que a los presuntos delincuentes que son extraditados a nuestro país, lo hagan en un vuelo comercial. Algo aún más impactante fue que cuando Lozoya regresó a México, lo trasladaron directamente a un hospital privado, con el pretexto de que se encontraba enfermo, aunque nunca hubo evidencia de ello o por lo menos no se informó ni se supo con claridad cuál era su estado de salud. En esa tesitura se quedaron sin respuesta una gran cantidad de interrogantes y especulaciones, e incluso hubo quienes señalaron que el hermano de Emilio Lozoya es ahijado del actual Jefe del Ejecutivo y, con ello sembraron la duda de que no se está actuando con la mano imparcial ni con la aplicación estricta de la ley que el caso requiere.  

Con ese principio de oportunidad, Emilio Lozoya formuló una primera denuncia que llamó la atención por el número de hojas que contiene, exactamente 60; pero al analizarla, se observan serias carencias de técnica jurídica y por momentos se vuelve un “mamotreto” que llega a relatos casuísticos sobre anécdotas que resultan totalmente irrelevantes.

En esa denuncia Lozoya culpa de diversos delitos a políticos muy importantes, entre ellos a tres expresidentes, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari, pero también “embarra” a los excandidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Por si fuera poco, asimismo señala como presuntos delincuentes a los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Por supuesto que, en su alocada y poco seria denuncia, Lozoya Austin se presenta como “víctima”, cuando es de todos conocido que el señor se enriqueció sin moderación y, que si bien es cierto pudo haber sido sólo un intermediario para realizar transferencias millonarias a otros sinvergüenzas como él, tal situación no lo exime de culpabilidad y menos para validar el principio de oportunidad que implica, insistimos, que denuncie delitos más graves, lo cual no hace.

Mas allá del escándalo mediático, el asunto deja no sólo un sinnúmero de dudas, sino también, lamentablemente, manifiesta el implícito hecho de que un asunto penal se vuelva un tema eminentemente político con la finalidad de descalificar a los adversarios y, más aún, se quiera aprovechar esta nada seria y “chacotera” denuncia para cuestiones electorales.

Bajo ningún concepto nos debemos dejar engañar, Lozoya es un sinvergüenza, un personaje impresentable que debe afrontar todas las consecuencias penales sin que se le esté dando un trato preferencial, que al final de cuentas puede pensarse que es para beneficiarlo y, como hasta ahora lo ha logrado, al no haber pisado la cárcel, e inclusive es tal la generosidad de las autoridades mexicanas que no tiene que ir a firmar como cualquier otro preso al reclusorio, lo hace vía electrónica desde la comodidad de su domicilio.

Si tuviéramos que entrar al análisis de la anárquica y poco seria denuncia de Lozoya, debe considerarse además que los videos filtrados, en poco o en nada ayudan para fincar responsabilidades, ya que quienes supuestamente recibieron dinero podrán negar los hechos, o bien, guardar silencio de manera que nunca se sabría de dónde procedieron los recursos por más que Lozoya afirme y alegue los supuestos ilícitos. Se reclaman pruebas serias, no sólo dichas.

La Fiscalía General de la República tendrá que trabajar intensamente con mayor transparencia ante la ciudadanía, y si quiere utilizar en algo lo señalado por Lozoya deberá obtener medios de prueba más eficaces, testimoniales sólidas, testigos ciertos y una gran cantidad de elementos que fortalezcan las, hasta ahora, poco responsables conjeturas o afirmaciones del que bien podemos denominar “el preso consentido”.

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