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Desde hace muchos años se han hecho esfuerzos formales tanto del lado del sector privado como del público para acabar o al menos reducir la corrupción y la falta de impunidad en México, pero los logros o avances son mínimos. ¿Podemos erradicar o reducir a la mínima expresión la corrupción y que ésta sea castigada?

Recuerdo en el lejano 1981 que la campaña del entonces candidato a la presidencia por el PRI, Miguel de la Madrid, enarbolaba como eje central de la misma el lema “Por la renovación moral de la sociedad” y, bueno, ya sabemos cómo empezó y terminó ese sexenio… dirían los clásicos “sin pena, ni gloria” y lamentablemente antes de Miguel de la Madrid tuvimos un gobierno profundamente incapaz y corrupto con López Portillo y le sucedió Salinas de Gortari que era capaz y también muy corrupto.

¿Se acuerdan cómo llegó Salinas al poder y quién lo ayudo? Por si su fuerte no es la historia, lo hizo, nada menos y nada más que el actual Director General de la CFE, el reconocido corrupto de Manuel Bartlett, el hombre de las 23 casas valuadas en más de 800 millones de pesos y las doce empresas de su propiedad junto con su pareja sentimental Julia Abdala y su hijo León Manuel.

Al presidente López Obrador le encanta hablar del combate a la corrupción y a la impunidad, pero sus acciones muestran muy poco de intención y de acción por combatirlas y acabarlas. Quizás habrá algunos cambios menores y eso es algo, pero estamos viendo actos de corrupción todos los días en el gobierno federal y en muchos gobiernos estatales y municipales emanados de Morena y obviamente de otros partidos políticos y de eso no se habla o se habla poco y tampoco se hace algo… la impunidad es brutal, frustrante. Léase el caso de Lozoya, por ejemplo.

¿Y entonces la guerra está perdida? ¡NO! Se han perdido muchas batallas, y se seguirán perdiendo, pero la guerra falta mucho por perderse. Tenemos muchas salidas y muchas acciones por hacer, independientemente de lo que el gobierno esté diciendo o haciendo.

Una excelente iniciativa que tienen todo el sustento teórico y práctico es sin lugar a duda “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI) que dirige María Amparo Casar, una prestigiada académica y reconocida politóloga.

Me puse a hacer mi tarea y revisé muchos documentos que ha preparado MCCI y me han dejado con un muy grato sabor de boca y con la esperanza de que se pueden hacer muchas cosas desde el lado personal e institucionalmente desde el sector privado. Desde pequeñas acciones como tener una política corporativa de regalos y agradecimientos –y cuando digo corporativa, no estoy pensando sólo en las grandes empresas, sino en todas las empresas–, sin importar su tamaño, hasta tener una política integral anticorrupción o de integridad.

Desde el 2017, MCCI de la mano de la revista Expansión, Transparencia Mexicana y el USAID, ha hecho su informe de integridad corporativa 500, IC500, en la que se presentan resultados de las 500 empresas más grandes de México en materia de políticas anticorrupción. Si bien el informe no reporta el cumplimiento de las políticas de integridad o anticorrupción, y sólo evalúa la existencia y difusión (publicidad) de las políticas, es ya un avance, aunque los resultados aun así son todavía muy desalentadores. Se pueden consultar los resultados de los tres reportes existentes.

En el documento “México no está condenado a ser un país corrupto”, MCCI presenta lo que es y lo que quiere alcanzar, y nos propone sus herramientas o armas con objetivos concretos, como ellos las presentan, para poder reducir de manera sustantiva en el mediano o inclusive largo plazo la corrupción y acabar con la impunidad: Investigación aplicada, Investigación periodística, Litigio estratégico, Comunicación y Asuntos Internacionales y Movilización Social.

Este mismo documento, que de verdad recomiendo ampliamente su lectura, habla del cambio que MCCI quiere propiciar a través de la consolidación del Estado de derecho, a través de cinco pilares: un marco normativo y regulatorio que todos comprendamos y adoptemos; un sistema de justicia autónomo, confiable y eficaz; una gestión pública profesional, responsable y transparente; un sector privado que adopte y promueva altos estándares de integridad y mejores prácticas anticorrupción, y ciudadanos comprometidos, empoderados y organizados contra la corrupción y la impunidad.

En el “Círculo de la impunidad” que presenta MCCI se nos dice que hay sólo un 10.75% de probabilidad de que se denuncie un delito, un 7.22% de probabilidad de que se inicie una averiguación previa, un 2.95% de probabilidad de que la averiguación previa se resuelva y por ende el 97% de probabilidad de que no se resuelva la averiguación previa de un delito cometido. Y, por eso, hay tanta corrupción en México. Quienes cometen los actos de corrupción saben que tienen sólo un 3% de posibilidad de terminar en la cárcel y eso sí es un gran aliciente.

Me resulta casi imposible pensar que este gobierno que encabeza el presidente López Obrador pueda ser el gobierno que realmente vaya a cambiar a México en materia de combate a la corrupción y combate a la impunidad, con personajes como Bartlett, o Ricardo Monreal que fue señalado en muchas ocasiones como gobernador de Zacatecas y como delegado en la Cuauhtémoc en la Ciudad de México; al igual que la cabeza de la CONADE, Ana Guevara, quien ha sido acusada de fraude a la institución por decenas de millones de pesos y el presidente calla y la protege; o del video de Pio López Obrador recibiendo dinero de un operador y funcionario púbico del estado de Chiapas, gobernado entonces por un funesto personaje de la política mexicana como Manuel Velasco, que es otro protegido presidencial; de la secretaria Sandoval que recibió casas en donación por el gobierno de la Ciudad de México y otros “pecados”; y así me podría seguir todo este artículo y quizás por varios más. Cuando prácticamente el 80% de los contratos del gobierno se han entregado por asignación directa según la propia página del gobierno.

Puedo sonar soñador porque pienso que el presidente López Obrador no es corrupto, pero solapa a muchos cercanos que sí lo son y por eso aquí sí aplica el popular dicho de “tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata.”

Creo que todos debemos hacer una autoevaluación de cómo andamos en estos rubros y con las posibilidades de reconocer que hemos hecho cosas incorrectas y estar dispuestos de no volverlas a cometer, aunque el precio de ello sea que los trámites sean más largos o inclusive más costosos, por sólo poner un ejemplo. Lo importante es empezar a actuar ya.

Espero que sea uno de los propósitos de todos y cada uno de nosotros para el año 2021. Así de sencillo “no seré nada corrupto”.

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