Opinión

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Después del espectacular golpe político-mediático contra Elba Esther Gordillo (EEG) y de tanta cantinela de sus razones y efectividad, pareciera que la mayoría de los comentaristas esperan que las aguas vuelvan a su cauce.  Cauce que no sería otro que un buen entendimiento y subordinación del SNTE al poder en turno, como si la educación y demás servicios públicos se dieran en el vacío y no respondieran a una estructura, procedimientos, fragilidades y consecuencias.  En este último caso, relevantemente se vuelven trascendentes los resultados perversos, entendidos como aquellos no esperados o deseados.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y su devenir han sido el resultado de una decisión política federal, pero también de su instrumentación y aplicación por la propia administración pública.  Así, después de la entronización de EEG al frente del mayor sindicato nacional y de América Latina, se suscribió en 1992 el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica (AMEB).  Originalmente, con el acuerdo se pretendía entregar los servicios federales de educación básica a la responsabilidad y administración de los estados.  Con lo que, se buscaba, el SNTE debería quedar fragmentado en tantas partes como entidades federativas existen.  Sin embargo, a tal pretensión se opuso acremente EEG.

Ante el rechazo de ese efecto gremial del AMEB, la administración salinista con las orientaciones de Ernesto Zedillo, entonces al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se vio en el dilema de aplicar una desconcentración de los servicios en lugar de una descentralización.  Con ello, se mantendría la relación patronal existente entre la federación y el SNTE, conservándose el rol pasivo en materia educativa federal de los estados y sus autoridades.

Por las implicaciones limitadas y las perspectivas de sus efectos de manera sorprendentemente creativa se optó por no descentralizar ni desconcentrar los servicios educativos.  Posición que parecía dejar en un limbo el efecto burocrático y de relación laboral entre el gobierno federal y el SNTE.  Ante la sorpresa de propios y extraños, y casi como aportación científica a la rama de la administración pública, el Presidente Salinas asumió “federalizar” los servicios educativos del nivel básico; definición en su momento poco entendida desde la perspectiva de la racionalidad de la administración pública.

Tal concepto, políticamente creado para aparentar el cambio y tratar de no cambiar, significó que la federación seguiría fondeando la educación básica y manteniendo el control de sus contenidos educativos, al mismo tiempo que los estados deberían pagar a los docentes y administrar los servicios con recursos federales etiquetados para tal fin.  Los estados asumían, de esta manera, una responsabilidad formal pero no real, por no contar con la contraparte laboral y económica autónoma.  Con ello se estableció una relación perversa entre el SNTE y la SEP, al conservarse en los hechos la relación institucional, al tiempo que se le amplió su fuerza gremial para poder establecer, por primera vez, una relación administrativa y de poder con los estados.

Tal acrecentamiento de poder del SNTE le significó pasar de tener un poder federal a detentar un poder nacional.  Obviamente en muchos estados los servicios educativos federales y, consecuentemente, el número de docentes eran mayores que los propiamente estatales.  Así, un sindicato nacional a través de sus secciones avasalló a los sindicatos estatales existentes.  Por primera vez los gobernadores tuvieron que negociar directamente con el SNTE, a través de sus líderes locales, pero también de su líder nacional.  Tal negociación implicó convenir desde sueldos, salarios y prestaciones, hasta las condiciones netamente administrativas y de dirección.

EEG pasó, de esta manera, de contar con un espacio político federal, funcionalmente centrado en el ámbito de la SEP, a un poder nacional, que trascurriría desde la esfera ejecutiva de los estados, hasta la misma dirección de una escuela y la selección de sus docentes.  En unos cuantos años EEG mudó de colocar gremialmente diputados federales y algunos senadores, a apoyar y seleccionar presidentes municipales, diputados locales y hasta gobernadores.  Tal transformación tuvo implicaciones en materia de plazas, selección de maestros, directivos y autoridades educativas estatales.

Las consecuencias políticas nacionales del AMEB a favor del SNTE y de EEG habrían de exponenciarse al llegar el PAN al gobierno federal.  Por ello, la picaresca nativa hoy señala que EEG definía autoridades educativas federales, incluidos el nivel de subsecretarios, pudiendo vetar y cuestionar hasta la misma selección del más alto nivel de la SEP.  Probablemente estos hechos y posibilidades al menos las habrán resentido los conspicuos panistas, ahora que aparentan hasta recientemente haber sabido de los acuerdos y conveniencias políticas establecidas entre el EEG y el Presidente panista en turno.

Innegablemente, el AMEB tuvo profundas consecuencias burocráticas en los ámbitos federal y de los estados.  Efectivamente, las llamadas delegaciones de la SEP en los estados prácticamente desaparecieron.  Pero contradictoriamente la SEP, que debió haber disminuido su personal, especialmente directivo, hoy tiene en oficinas centrales relativamente más personal que antes de la federalización.  En teoría, el cuerpo directivo central del nivel básico de la SEP debería ser mínimo, toda vez que la responsabilidad administrativa del mismo pasó a radicar desde 1992 en los estados.

Con la federalización, en los estados se reprodujeron las instancias administrativas anteriormente federales, a nivel de las direcciones de enseñanza preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, entre otras más.  Hoy en casi cada estado existen dos direcciones generales de cada uno de esos niveles educativos, la original de los estados y la correspondiente a los servicios llamados federalizados.  En el caso del Estado de México, a guisa de ejemplo, existen dos direcciones de telesecundaria y en Veracruz hay dos Universidades Pedagógicas.

Obviamente, los directivos de tales servicios han sido mayormente definidos por el SNTE, es decir EEG.  Es claro que esos directivos han respondido más a los intereses gremiales que a los educativos, o a la política establecida en turno.  Tales intereses van desde la autorización de comisionados, hasta el establecimiento de sueldos y prestaciones; lo que ha hecho que en estados como el de Tabasco los tabuladores sean de los más altos del país y que los aguinaldos sean mayores que en el resto del país.

En otros estados las plazas se puedan vender o heredar a parientes sin calificaciones profesionales magisteriales.  Si éste fuese el caso, se cambian o permutan las plazas docentes por administrativas en beneficio de terceros o se beca a algún familiar para que estudie y pueda ser a futuro docente.  Estas son las sorpresas del poder burocrático federalizado, que terminó capturando nacionalmente a la educación básica y al poder local instituido, a partir de una decisión política miope y de miras corto-placistas.

Las consecuencias políticas de la federalización educativa por el entronamiento nacional del SNTE son sólo unas más del resultado de medidas políticas hechas al vapor.  Sin mayor análisis, sin mirar más allá del momento, sin aquilatar las consecuencias estructurales, se han tomado medidas políticas cuyas consecuencias burocráticas, efectos perversos y las fragilidades creadas han minado el poder democráticamente instituido.  Lo que parece incomprensible es que ello se ha fraguado por una clase burocrática reputadamente ilustrada, estudiada en el extranjero y con aparente moral intachable.

Hoy es claro que los panistas entregaron, en aras de sus mal llamadas reformas estructurales, a PEMEX hecho cachitos, como lo ha reconocido su Director General.  También lo es que se dilapidó como botín los recursos del Seguro Popular en casi todos los estados, como bien lo han reconocido las autoridades de la Secretaría de Salud, así y así seguirán emergiendo otras cuentas más del rosario de calamidades gestadas desde el poder por los gobiernos panistas.

Los intereses privados sobre los intereses públicos han prevalecido en los servicios y la administración pública mexicana.  La llamada contradicción de intereses entre el gerente (agent) y el dueño (principal) es un tema ya viejo en la economía y ha sido uno de los pilares conceptuales modernos de la gobernanza.  Gobernanza, la buena gobernanza le hace falta al país, cuya ausencia ha beneficiado largamente a los intereses de grupo y burocrático, que como en un proceso circular han terminado por capturar al poder político, sin rendir cuenta alguna y sin pena alguna (Cordero Dixit).

La denominada reforma educativa del Presidente Peña Nieto tiene la oportunidad de enmendar los entuertos políticos y burocráticos creados hace 20 años.  La ley reglamentaria de la reforma constitucional de la educación puede ser una vía.  Un acuerdo nacional en materia de la administración de la educación básica puede dar paso a la creación de los sindicatos estatales con lo que debería desarticularse el SNTE.  Las reformas de la prestación de los servicios a nivel de cada estado pueden ayudar para adelgazar estructuras administrativas y redundancias burocráticas.  Es posible con ello mejorar el gasto educativo y hacer más eficiente la calidad de la educación.  No es posible que siendo México un país pobre en el que el gasto per cápita en educación básica sea más elevado que en los países ricos y que tenga, al mismo tiempo, el peor de los desempeños entre los países de la OCDE.

Los cambios implican movimiento, como implícitamente lo ha querido decir Peña Nieto, pero se necesita audacia y visión para hacer cambios trascendentes y visionarios.  Con acciones efectivistas se hace ruido y se ocupan muchos titulares que se agotan pronto, con acciones efectivas y pertinentes se crea el futuro.  El país necesita un futuro educativo más promisorio, más allá de los acuerdos políticos inmediatistas y gatopardistas.