En memoria de Guillermo Soberón,
exrector de la UNAM y exsecretario de Salud.
Conocí al Doctor Guillermo Soberón como rector de la UNAM. Gran promotor de la educación, la ciencia y la tecnología. En los 80, durante el gobierno de Miguel de la Madrid lo traté mucho. Yo era subsecretario de Fomento Industrial. Celebré que el secretario de Salud fuera el primer convencido de que la producción, la investigación y el desarrollo tecnológico de la industria farmacéutica en México y el abasto local de medicamentos, vacunas, ingredientes activos y equipos médicos constituían un tema estratégico de seguridad nacional.
La crisis financiera y de divisas de 1981-83 mostró que la enorme dependencia externa del sector nos hacía particularmente vulnerables para satisfacer las necesidades de salud de una creciente población y demandaba el fortalecimiento urgente de las capacidades nacionales de prevención, así como de alerta temprana y respuesta eficaz frente a catástrofes.
Durante casi un año, en un grupo técnico integrado por la Secretaría de Salubridad y Asistencia y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial realizamos un diagnóstico de la demanda de medicamentos, vacunas e insumos farmacéuticos; de las insuficiencias de la oferta productiva local y de las opciones de política pública y acciones privadas frente a los desafíos y oportunidades de la capacidad productiva y la infraestructura nacional.
Los estudios condujeron a la definición de un nuevo cuadro básico de medicamentos para el sector salud (incluyendo a la Ssa, IMSS, ISSTE y otras dependencias públicas), a la conformación de un programa de compras consolidadas con calidad asegurada y los mejores precios posibles y a la expedición de un Decreto para el Fomento Integral y Regulación de la Industria Farmacéutica Nacional, que impulsó la producción local de medicamentos y sus ingredientes activos en México a través de incentivos financieros, fiscales y comerciales.
Las empresas beneficiarias se comprometían a producir medicamentos e ingredientes activos a precios internacionalmente competitivos y a invertir un 3.5% de sus ventas en investigación y desarrollo tecnológico. Se fortaleció la Dirección General de Control de Alimentos, Bebidas y Medicamentos (antecedente de Cofepris) que se responsabilizaba de asegurar las buenas condiciones sanitarias de los medicamentos.
Paralelamente se impulsó la producción local de vacunas a través de una empresa estatal y se lanzó un programa de genéricos, siguiendo la experiencia europea, que sólo pudo consolidarse –dada la renuencia de la industria de medicinas de patente– hasta la llegada de Juan Ramón de la Fuente a la Secretaría de Salud.
El sistema se fortaleció con el desarrollo de un importante sector de laboratorios de capital mexicano, orientado a la producción de genéricos, a partir del vencimiento de las patentes. Un grupo reducido realiza investigaciones biológicas que le ha permitido, con apoyo de instituciones de la UNAM y el IPN, innovar y generar sus propios medicamentos.
Sin embargo, hubo también retrocesos, visibles desde hace una década, que los cambios institucionales de la 4T, el combate a la corrupción y el estallido de la pandemia han sacado a la superficie.
Un estudio que elaboré para la Fundación Friedrich Ebert muestra que la industria farmacéutica se encuentra en una encrucijada en México y demanda atención urgente pública y privada.
Según el Inegi (“La Industria farmacéutica y sus proveedores”, 2016) a partir de la crisis de 2008 su tasa de crecimiento y su participación en el PIB se redujeron. De representar 5% del PIB manufacturero en 2008, descendió a 2.5% en 2016.
Los ingredientes activos de fabricación nacional son muy reducidos –menos de 5%–. Hoy día la mayor parte es importada de China, India, Corea del Sur y Europa.
Es más, a partir de la eliminación de la obligación de tener una planta en México para la venta de productos –durante la presidencia de Calderón–, aumentó la importación de medicamentos terminados. Algunos laboratorios son importadores de una parte significativa de los productos que venden –provenientes de países donde sí existe requisito de planta–.
La relación exportaciones a importaciones de productos farmacéuticos se deterioró sensiblemente entre 1998 (801/mil 745 millones USD) y 2015 (2 mil 509/7 mil 1 millones USD) –de 2 a 1, a 3 a 1–. La pandemia agravará el déficit comercial en 2020.
La dependencia tecnológica de México sigue siendo enorme. Una docena de empresas de capital nacional realizan actividades de investigación y desarrollo tecnológico sistemáticamente. Las patentes farmacéuticas de mexicanos y empresas de capital mexicano son muy escasas.
El mercado público, que representa 50% de la demanda total, mayoritariamente de productos genéricos, ha estado padeciendo problemas serios de abasto. La pandemia sólo los ha agudizado.
El actual gobierno ha realizado cambios en los procesos de licitación y distribución de medicamentos, buscando ahorros presupuestales y combate a la corrupción, que han conducido a una situación muy errática en el proceso de compras consolidadas. El papel de la Oficialía Mayor de Hacienda; la creación del Insabi; la asignación reciente de la responsabilidad de las licitaciones a UNOPS y la creación de una agencia estatal distribuidora han generado incertidumbre entre los laboratorios que abastecen al sector público.
La industria solicita un mecanismo confiable de planeación conjunta con el sector salud para la producción, adquisición de insumos e inversiones futuras. Las empresas de capital mexicano, que dependen fuertemente de las compras gubernamentales, están preocupadas por los frecuentes cambios en las instituciones y las autoridades responsables. Todo ello incide sobre sus decisiones de inversión, que están detenidas.
El tema de los precios y el abasto seguro, oportuno y transparente llevó al Estado a recurrir a UNOPS –la agencia de la ONU de servicios a proyectos– para realizar las compras consolidadas y conseguir los precios más bajos posibles en el mercado internacional, sustituyendo los mecanismos tradicionales gubernamentales. La industria argumenta que UNOPS no tiene la experiencia para una operación de tan gran escala y lo hará durante los próximos tres años a cambio de una comisión muy elevada de 135 millones USD –cerca de 2 mil 800 millones de pesos–.
Los productores locales demandan ‘suelo parejo’ y mecanismos que permitan planear y evitar prácticas desleales en el mercado mundial. Destacan que, en los principales países –incluyendo Estados Unidos– se ha optado por estrategias de mayor autoabastecimiento. Se preguntan si esos 2 mil 800 millones no podrían haber sido mejor utilizados, por ejemplo, para pagar adeudos que tiene el ISSSTE con las empresas mexicanas.
Un tema adicional es Cofepris. Esta institución reguladora autoriza desde el ángulo sanitario los medicamentos a fabricar, importar y vender en México, así como sus ingredientes y procesos. Su papel es clave. Lamentablemente durante 2019 y 2020 ha experimentado reducciones importantes de presupuesto y pérdida de funcionarios clave.
Según la OMS, los países, con poblaciones en crecimiento y una mayor esperanza de vida, tendrán que duplicar su abasto de medicamentos cada cinco o seis años. México, con 127 millones de habitantes, tiene una creciente plataforma propicia para una gran industria nacional farmacéutica y de otros bienes y servicios para la salud. Las oportunidades de producción local, con alto valor agregado, empleos y desarrollos tecnológicos propios nos podrían convertir en una potencia media farmacéutica. El T-MEC, el nuevo TLCUE y la rivalidad China-EE.UU. podrían impulsar esos esfuerzos.
Urge concertar una política integral de fomento que busque:
a) Realizar un estudio prospectivo industrial y tecnológico del sector de medicamentos con apoyo público-privado, y la participación de las autoridades de salud y la banca de desarrollo.
b) Una alianza público-privada para producir en México e invertir, con una razonable garantía de adquisiciones gubernamentales durante los próximos cuatro años, en los principales medicamentos y sus materias primas.
c) Establecer una línea de crédito y capital de riesgo Nafinsa-Bancomext que ofrezca financiamientos competitivos a las empresas productoras y exportadoras.
d) Estructurar un programa de desarrollo tecnológico e innovación para empresas farmacéuticas, dispuestas a contraer compromisos de inversión en I y D, a través de proyectos de riesgo compartido.
El martes pasado, en su discurso de apertura de la convención de la industria farmacéutica, Alfonso Romo, de la presidencia de la República, dio un mensaje que fue muy bien recibido. Reconoció la importancia de la industria y convocó a fomentar su desarrollo, inversiones, producción local de ingredientes activos y tecnología nacional. “Todos los países se están orientando a la autosuficiencia”, subrayó. “México puede ser también importante exportador”.
¿Harán algo las secretarías de Economía, Salud y SHCP en concordancia?
*Este artículo fue publicado por primera vez en el periódico El Financiero el 19 de octubre de 2020.
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