Es prácticamente imposible definir cuál sería el principal problema de México. La problemática de México siempre ha sido multifactorial y la solución a todo lo que le aqueja es igual. Pero no tengo duda alguna que la pobreza crónica y la desigualdad económica y social, las cuales están íntimamente ligadas, se encuentran entre los tres principales obstáculos.
De los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible que definió la ONU, el del “fin de la pobreza” es el número uno y no me parece que sea una coincidencia. Es más, en la versión completa del objetivo se parafrasea cómo “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo” y ésa debe ser la prioridad.
En el mundo entero había alrededor de 780 millones de personas en extrema pobreza (personas que viven con menos de USD$1.90 dólares diarios), es decir, prácticamente el 10% de la población mundial al inicio del año. Con la pandemia, según distintas fuentes, ésta podría subir hasta el 18%, esto es, 500 millones de personas se incorporarán lamentablemente a este grupo. He aquí el primer retroceso en el logro del objetivo uno de las Naciones Unidas en los últimos 30 años y obviamente tal situación se replicará en México.
En el caso mexicano se establece que alguien está en pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias de las nueve posibles del índice de privación social, que son: ingreso corriente per cápita; rezago educativo promedio en el hogar; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos de la vivienda; acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; grado de cohesión social; y grado de accesibilidad a carretera pavimentada, según la metodología que ha elaborado el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) y que están establecidos en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social vigente. Por cierto, ésta es la tercera edición de la metodología.
Con datos del INEGI, que es la fuente del CONEVAL, en el 2018, último levantamiento total, se hace cada dos años a nivel estatal y cinco a nivel municipal, en México había 9.3 millones de personas en pobreza extrema, el 7.4% de la población y 52.4 millones en situación de pobreza. Es decir, el 41.9% de toda la población. Vale la pena mencionar que entre el año 2008 y el 2018 los porcentajes cambiaron sólo el 4%, lo que es un indicador que se avanzó muy poco en una década.
En adición es interesante comentar que en la misma fecha el 6.9% de la población, 8.6 millones de personas eran población vulnerable por ingresos. En suma, en 2018 había 61.1 millones de connacionales –el 48.8%– de población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, y 21.1 millones –el 16.8% de población– con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos.
Como se ve, el problema es mayúsculo y con la llegada del gobierno que encabeza el presidente López Obrador ya las tendencias en el 2019 eran desalentadoras por la falta de crecimiento, la pérdida de empleos y varios etcéteras más. Y con la pandemia, los números serán realmente alarmantes.
Si esto no fuera suficientemente grave, hay que agregar el tema de la desigualdad económica que tenemos en México desde hace décadas, y aunado a las ocurrencias y despropósitos de López Obrador, junto con su 4T, la verdad de las cosas no ha cambiado, ni creo que cambiara.
Para muestra de la desigualdad económica que hay en el país, les puedo decir que el 10% de los más ricos mexicanos tienen prácticamente lo mismo que el 65% del resto de todos los mexicanos.
La distribución por deciles que elabora el INEGI a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) es terriblemente reveladora sobre el hecho.
El ingreso medio mensual de las familias mexicanas es de $17,676.70 considerando las 2.38 percepciones de los 3.6 integrantes por familia y esto proviene en un 67.3% del ingreso que genera el trabajo, el 15.4% de transferencias (buena parte de remesas), el 11.4% por alquileres, y el 5.9% por renta de una propiedad.
En el primer decil, es decir, las personas con el ingreso más bajo en el país, reciben el equivalente a $101.00 diarios por hogar o $3,037.67 pesos mensuales. En proporción, quienes están en el primer decil, reciben un ingreso promedio 20 veces menor que quienes están en el décimo decil. El ingreso promedio de los hogares del décimo decil es de alrededor de $60,925.00 mensuales. La diferencia de ingreso entre el décimo y el noveno decil es de poco más de la mitad.
Para que una familia mexicana se encuentre en el promedio nacional de ingreso, tendría que estar en el octavo decil que tiene un ingreso de $19,628.00 mensuales.
Los hogares con el menor ingreso reciben apenas el 1.8% del ingreso corriente total, mientras que quienes se encuentran en el décimo decil reciben el 33.6%
Entre los estados donde los ingresos medios de las familias son más altos están la Ciudad de México, Nuevo León, Baja California Sur, Querétaro y Jalisco. Los estados donde el ingreso mensual promedio por hogar es más bajo son: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas. La diferencia entre Chiapas y la Ciudad de México es de tres a uno.
Y en México hay desigualdad económica, pero también social, educativa, de género, legal, y el largo etcétera que conocemos.
El otro elemento para acabar con el diagnóstico es la movilidad social. México es de los peores países en el mundo en tener movilidad social. Es decir, para que alguien que nació en una condición económica muy desfavorable tendrán que pasar muchas generaciones para que esto cambie. En bruto, 49 de cada 100 personas que nacen en el primer decil ahí se quedarán toda su vida y otros 24 no logran superar la línea de pobreza. Esto significa que el 74% de los mexicanos que nacen pobres se quedarán pobres, mientras que el 57% que nace en una condición de privilegio se quedará en ella el resto de su vida. Recomiendo ampliamente la lectura y análisis del Informe sobre movilidad social en México elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
¿Qué hacer para reducir estas brechas? Les aseguro que la idea de regalar dinero de forma mensual a la gente por una u otra razón no cambiará nada en mediano o largo plazo y es sólo un paliativo de corto plazo. No soluciona los problemas estructurales, ni las causas raíz.
La principal solución es dar muchas más oportunidades a quienes nos las tienen, dándoles acceso, por ejemplo, a mejor educación, como lo señale en mi artículo anterior; a mejores servicios de seguridad social y salud, el IMSS y los servicios de salud de los estados dejan mucho que desear y hay enormes áreas de oportunidad. La idea de fortalecer, corregir y mejorar el Seguro Popular hubiera sido mucho mejor que crear el Instituto de Salud para el Bienestar o INSABI. El pésimo manejo de la pandemia provocada por el coronavirus es un botón de muestra de esta afirmación.
En términos de vivienda estoy seguro de que se pueden hacer acciones muy puntuales para mejorar sustancialmente las condiciones en las que vive un alto porcentaje de la población; habría que empezar por donde hay más retraso, como poner pisos firmes o agua potable residencial.
Se requieren inversiones millonarias del gobierno federal y del sector privado nacional y extranjero en los estados con más alta marginación, a través de importantes incentivos para generar miles de empleos de mucho mejor nivel que los actuales. Chiapas, Guerrero y Oaxaca con su potencial turístico podrían hacer maravillas en el corto plazo, por sólo poner un ejemplo.
En resumen, se deben hacer grandes inversiones aplicadas en poco tiempo para lograr mejoras sustantivas.
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