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Créditos para enfrentar la pandemia

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La cuarentena económica seguramente causará más daño social, en términos de pobreza, hambre, violencia y defunciones, que la pandemia. Los epidemiólogos están haciendo bien lo que les corresponde, pero ni el gobierno ni los empresarios tienen un plan de acción para atenuar el desastre económico.

Si la economía de Estados Unidos puede caer hasta un 30% de su PIB en el segundo trimestre, calcule usted lo que disminuirá la riqueza que se genera en México. Bajarán los ingresos familiares y todas las empresas, de todo tamaño, tendrán pérdidas. La recuperación de la normalidad no será rápida con medidas normales.

Llegó a mi correo una propuesta de Carlos Obregón y Jorge Mariscal, economistas con gran experiencia en situaciones de inversión productiva, desde la perspectiva bancaria; proponen compensar los malos resultados que tendrán negocios de todo tamaño este año y la baja de ingresos familiares, con créditos de largo plazo a cada empresa y persona, equivalentes a sus pérdidas.

En una economía donde todos los agentes económicos, empresas y trabajadores sin excepción, tienen pérdidas, ocurre que se pone en cuestionamiento la viabilidad de cada uno y sobre todo, quienes no puedan pagar sus créditos bancarios, intoxican el sistema crediticio con gran rapidez.  

creditos dinero y coronavirus
Ilustración: Firuz Kutal.

Los instrumentos contracíclicos, argumentan Obregón y Mariscal, no están diseñados para corregir los balances de negocios, sino para resolver problemas de liquidez inmediata mediante reducciones impositivas en el caso de la política fiscal y baja de intereses o aumentos de circulante en el caso de  la política monetaria. Lo que la catastrófica situación exige, sostienen, es infundir certeza en los inversionistas de que al volver la normalidad, la mayoría de los actuales negocios habrá permanecido y de que el sistema bancario no se colapsará.

Si la interrupción de las cadenas de suministro y caída de la demanda se traduce en una contracción del PIB del 40 al 50% el segundo trimestre, millones de personas y las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes tendrán pérdidas que no podrán compensar difiriendo sus pagos de impuestos o cuotas al IMSS; necesitarán mucho más que eso.

La propuesta de Obregón y Mariscal es que el Banco de México se comprometa a otorgar garantías colaterales y a descontar como banca de segundo piso, los créditos que contraten las personas y empresas con la banca privada, por un monto equivalente a sus pérdidas durante la cuarentena sanitaria.

Se otorgarían créditos en dólares a empresas endeudadas en esa divisa, respaldados por una línea de crédito específica del FMI y otros organismos financieros internacionales que, al intervenir darían confianza en la estrategia y evitarían que la liquidez que se genere, se fugue del país vía la cuenta de capital.

Los créditos en pesos tendrían respaldo en emisión monetaria del Banco de México por el monto equivalente a la caída del PIB –6.6% en el año, según el FMI–, con lo que se volvería al equilibrio que se tenía en enero pasado.

proteger creditos
Ilustración: Robert Neubecker

Los créditos serían para todo trabajador, con empleo o desempleado, y para empresas en montos conforme a las pérdidas que registren sus estados contables, condicionados a las garantías que ofrezcan y a que conserven su planta laboral; los créditos a empresas se pagarían hasta en 30 años, con tasas de interés reales de cero por ciento.

La clave de la propuesta es que cada mexicano y cada empresa reciba un crédito de largo plazo y bajo costo que le permita restaurar su situación económica afectada por la cuarentena sanitaria, y pagar el préstamo.

Así planteada, la propuesta no implica elevar el déficit fiscal, ni la deuda pública, ni transferencias de los contribuyentes; tampoco elevaría la inflación, puesto que el dinero prestado sería equivalente a la caída de la demanda agregada causada por el COVID-19.

Si el rescate bancario de 1995, en vez de comprar la cartera vencida de los bancos al valor de su contrato, se hubiera dedicado ese dinero fiscal a otorgarle préstamos blandos a los deudores de los bancos, éstos hubieran podido pagar sus hipotecas y no se hubiera cometido el desfalco a la nación en que se convirtió el Fobaproa.


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Ni el coronavirus disminuye el crimen y la delincuencia

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Pensar que por esta crisis sanitaria los delitos van a bajar porque los delincuentes se encuentran en aislamiento social, es un error.

Si analizamos las últimas cifras oficiales hasta marzo, el comportamiento de los homicidios se mantuvo sin cambios notables, al ubicarse en 83 diarios en promedio, lo que hizo que fuera el mes con mayor número de muertes de este tipo en lo que va del gobierno actual.

Otros delitos tampoco parecen detenerse por la pandemia;  aunque registran bajas que pueden estar relacionadas con el resguardo que debemos seguir. Son los casos de robo de vehículo, y el Estado de México sigue siendo la entidad donde más ocurre, con 179 diarios –hasta el martes 14 de abril– e incluso el huachicoleo, que presenta una tendencia que no sube en el día a día, pero no disminuye con 6 millones de barriles robados al lunes de esta semana, de acuerdo con los datos públicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

No olvidemos que uno de los elementos básicos del crimen es la oportunidad y, si ésta existe, entonces se planeará y se invertirá en cometer el delito.

crimen y coronavirus
Imagen: Proyecto Puente.

Es un cálculo de riesgo y de costo-beneficio. Un ejemplo: hace dos semanas y media, un grupo criminal roba un cargamento de oro de una mina en Sonora y huye en una avioneta. Hablamos de un delito muy específico, con criminales que cuentan con habilidades especializadas, pero aun así, el robo se lleva a cabo en plena pandemia y con el riesgo calculado de hacerlo en estas circunstancias.

Por eso es importante que sigamos enfocados en la prevención, que bajen delitos como el robo a casa habitación –tendremos que revisar su comportamiento ahora que mucha gente se fue de su casa a “aislarse” en la vivienda que tiene para descanso o buscó vacacionar encerrados en otro sitio–, o robo a transeúnte y en el transporte público, que podríamos pensar que tendrán un descenso por falta de víctimas a partir de la reducción de la movilidad en el país.

Entendemos que la delincuencia es una actividad ilegal que no tiene prestaciones y que vive al día sobre los crímenes que se puedan cometer para dividirse un botín entre un grupo. Si lo vemos de esa manera, entonces entenderemos que tomarán el riesgo hasta de contagiarse si es necesario para cubrir los ingresos que requieren.

¡La mejor seguridad es la prevención! No caer en engaños, ni físicos, ni electrónicos, tener cuidado con correos, idas al cajero, denunciar de inmediato si sabemos o vemos algo irregular, mantenernos en casa comunicados y atentos.

Aprovecho para reconocer la labor de todos nuestros buenos policías del país, mujeres y hombres, de los miembros de la Guardia Nacional, Ejército y Marina Armada que no han tenido un solo momento de descanso para protegernos en esta contingencia. Pues así como los trabajadores del sector salud son los héroes que combaten esta pandemia, también el crimen no parece quedarse en casa.


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El triage recobra su concepto original

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Prefiero utilizar triage como un galicismo plenamente aceptado y que en los conceptos que comentaré con ustedes hoy se utiliza ampliamente. Triar significa “escoger, separar”; y algunos utilizan triaje (con “j”) como sinónimo de triage (con “g”).

El triage en medicina se inicia en las guerras napoleónicas, para describir la acción de seleccionar a los soldados heridos; era efectuado para separar los que tenían posibilidades de sobrevivir de los que tenían muy pocas posibilidades de hacerlo. Las batallas eran tan cruentas y los recursos para atender a los heridos tan escasas que lo primero que se hacía cuando estos llegaban a los hospitales o enfermerías de campaña, era utilizar los escasos medios en los pacientes que tenían posibilidades de recuperarse. Dramática situación, pero que fue plenamente aceptada y adaptada a la cirugía de guerra.

En los años 60 en Estados Unidos surgió una corriente para establecer un triage inverso, para detectar a los pacientes graves en los servicios de urgencias y atenderlos rápidamente. En México en los años 90 del siglo pasado, los servicios de Urgencias de los hospitales de diferentes instituciones públicas de Salud atravesaban por una crisis por sobresaturación debida a muchos factores. Quizá entre las principales estaban un concepto inadecuado en la percepción de lo que es una urgencia por parte de los enfermos y sus familiares, por las dificultades para asistir al primer nivel de atención; y probablemente también, por percibir que aun con los largos tiempos de espera para ser atendido en urgencias, valía la pena ir para ser atendido; todo esto agravado por el déficit de camas de hospitalización que ocasionaba una larga permanencia de los pacientes en urgencias de los pacientes que requerían hospitalización y muchos otros más.

triage y covid
Ilustración: Comercio Perú.

Por eso, debido a ello se trató de establecer un sistema de triage que buscaba seleccionar a los pacientes que requerían atención inmediata de los que no la necesitaban, e incluso de los que podían ser atendidos en otro sitio con mayor calma. El sistema se ha ido mejorando al irlo puliendo y hacerlo más sistematizado, sin embargo, no ha rendido todas sus posibilidades porque –yo lo propuse hace muchos años– no se encarga de esto un médico con experiencia clínica, sino casi siempre lo hace el más inexperto. Un clínico experto puede seleccionar en unos minutos los casos graves y de riesgo de los que no lo tienen, con poco margen de error, un médico inexperto tarda mucho más y tiene mayor margen de error a pesar de que el proceso este teóricamente bien delineado.

Si uno busca en PubMed el término triage, se encuentra con que existen más de 21 mil escritos al respecto, desde uno escrito en 1954 acerca de la selección de pacientes víctimas de bombas nucleares, hasta los muy recientes escritos sobre el COVID-19 –por cierto, no me queda claro si es “el” o “la”–.

Hace unos cuantos días el Consejo de Salubridad General, organismo no sólo público sino gubernamental, dio a conocer unos lineamientos sobre triage en casos de sobredemanda de recursos en la etapa de pandemia que por COVID-19 atravesamos, especialmente los que se refieren a la necesidad de internamiento en unidades de terapia intensiva para utilizar ventilación mecánica. Retomo el concepto napoleónico de triage. Me parece que se trata de unos lineamientos generales y teóricos, sin embargo, de éstos establecen aspectos operativos que me parece que invaden dos esferas, primero, el derecho de los pacientes para ser atendidos de la mejor manera posible y, segundo, la responsabilidad del (o los) médicos(s) tratantes para la asignación del mejor tratamiento; que, por cierto, debe hacerse previo consentimiento informado del enfermo y su familia.

Veo el establecimiento de una norma teórica y poco práctica, llena de falta de sensibilidad pragmática del ejercicio de la medicina. Quienes la firman, en su mayoría, son expertos en bioética con poca o nula exposición al ejercicio de la medicina, el Dr. Patricio Santillán-Doherty sí la ha tenido a lo largo de su brillante carrera como cirujano de tórax, a al Dr. Raymundo Canales de la Fuente no lo conozco. El documento establece al Comité de triaje (como ellos lo llaman) como un organismo supremo, que conformado por un médico, una enfermera y un administrativo, desde lejos, fuera del hospital y al parecer de manera anónima, decide quién puede entrar a la unidad de cuidados intensivos, pero no sólo eso, también decidirá quién no se beneficia de ésta y debe ser sacado de ahí, todo sin conocer al paciente y habiendo recibido información sobre él y sus problemas desde lejos.

triaje en tiempos del covid
Ilustración: Jocelyn Tsaih.

Hay muchos otros errores que destacan la falta de visión médica. La división de pacientes en grupos de edad siempre resulta un poco artificial, pero es porque en el documento precisamente se agrupan de artificialmente, por ejemplo, de 0 a 4 años, lo cual reúne tres edades muy diferentes de los niños, el recién nacido, el lactante y el preescolar, que requieren atención particular, seguramente en áreas diferentes de un hospital y con equipamiento diverso. Los mismo puede decirse de los grupos que conjuntan escolares con adolescentes, y los que lo hacen a adolescentes con adultos jóvenes, pero además, pone un grupo final de 75 y más, en una pirámide poblacional como la que tenemos actualmente.

Me parece indispensable una mayor subdivisión de este grupo dado que probablemente el pronóstico va a cambiar en los que están en los 70 de los que están en los 80, así como de los que están en los 90 y de los que están en los 100. Por cierto, destaco dos situaciones, una que ha sido muy difundida en las noticias de cuatro pacientes dados de alta en Bélgica, Francia e Inglaterra, de hecho, dos hombres y dos mujeres mayores de 100 años que han superado la infección por SARS-CoV-2; otra es que inicialmente al tratamiento del infarto del miocardio se le ponía un límite de edad, pero al cabo del tiempo se ha visto que los pacientes independientemente de su edad reciben beneficios notables en la sobrevida y la calidad de vida si se les aplica adecuadamente.

Hay otros déficits en el documento, pero resalto la propuesta gubernamental autoritaria que a través de ella se hace. Creo que los médicos han (hemos) sido responsables y suficientes para proponer al enfermo las mejores opciones, para buscar evitar el dispendio de recursos, y en caso de deficiencias del sistema, utilizarlos de la manera más equitativa posible. Desde el 2002 existe un nuevo código médico: Profesionalidad médica en el nuevo milenio: un fuero médico; en él se destacan tres principios fundamentales: a) Primacía del bienestar del paciente, b) Autonomía del paciente, y c) Principio de la justicia social; ahí se destaca que el médico es responsable de una distribución correcta de los recursos sanitarios. Hacerlo a través de un organismo cupular, autoritario y despersonalizado me parece un despropósito y, a reserva de una mayor discusión, poco ético.

Por lo pronto, la UNAM, y otros organismos e instituciones, se han ido deslindado de ella. En una crisis como la que vivimos, y peor que la viviremos, la suma de voluntades es indispensable, la división de voluntades no servirá. Los médicos, enfermeras, y el resto del personal de salud, tenemos que hacer nuestro trabajo, atender lo mejor posible a los enfermos, y el Estado el suyo, que es procurar los recursos para que esto se consiga.   

Lecturas recomendadas:
Ramiro, Manuel. “Profesionalismo médico. Compromiso del médico”. Med. Int. Mex. 2003; 19: 41-46.
Consejo de Salubridad General. “Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica”. México, abril, 2019.


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El poder de la contingencia

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Según Aristóteles, lo contingente se contrapone a lo necesario. Es lo que puede ser y puede no ser. Parece mentira, pero somos seres contingentes desde el momento en que vamos a morir. Estamos en una situación que nos impele a quedarnos en nuestras casas; ya hemos hablado de que esto no significa lo mismo para todos. No obstante, la experiencia de permanecer confinados y salir para lo esencial nos hace notar lo que normalmente nos pasa desapercibido. Cuando tenemos oportunidad de salir, la belleza está en prácticamente todos los detalles: un gato en una ventana, las jacarandas en flor, el cielo despejado, el color de las flores en el parque… Notemos que esta coyuntura nos obliga a estar apercibidos para recuperar lo que nos hace sentir normales y eso, para algunos privilegiados, no cuesta extra.

Más de uno nos hemos sentido lentos e improductivos, a pesar de que tenemos la oportunidad de trabajar a distancia, a nuestro aire y con todas las comodidades que la tecnología nos brinda. El internet funciona, las plataformas funcionan… ¿Qué es lo que no funciona, entonces? Porque hay algo que no está bien. No sé si es el sonido –cada vez más acuciante– de las ambulancias a la distancia o, quizá la desazón de no saber “qué va a pasar”. ¿Cuándo hemos sabido eso, cuándo hemos tenido certezas? Pues nunca. Quienes sean propietarios de bienes inmuebles seguramente tuvieron más de una noche de insomnio en 2017, pensando en la “estabilidad” de su patrimonio. Quienes tenían inversiones y perdieron en una crisis, saben de lo que estoy hablando. Entonces, qué, ¿esta desazón es nueva? Sí, lo es. Es nueva porque es una contingencia, pero es distinta de las anteriores porque, como en las anteriores, no sabemos qué va a pasar con nuestra vida y no sólo con nuestros bienes. Habrá quienes se imaginen muertos mañana. La escucha de las conferencias del Dr. López Gatell, por bien que maneje a la prensa, no es motivadora. Porque lo que las preguntas de la prensa revelan es que no sabemos qué esperar.

Durante diversas pestes, la gente moría en su casa, con el consiguiente contagio de familiares, pero en compañía. Hoy, la capacidad del Estado está en riesgo y, con ella, la nuestra de soportar “lo contingente”. Que la decisión sobre la vida de un ser querido esté en las manos de alguien más y que no se pueda uno despedir, o que no se le consulte a uno sobre los pasos a dar porque existe una guía de bioética para tratamiento de pacientes que ya plantea los que hay que hacer nos enfrenta con el hecho de que somos contingentes.

poder de la contingencia
Ilustración: Pierre Kleinhouse.

Esta pandemia nos encara con nuestra propia muerte, es decir, con nuestro carácter prescindible, pero también, con las múltiples situaciones de salida de control que debemos contemplar respecto de nuestros seres queridos. Si bien, nunca hemos sabido qué va a pasar con nosotros, la circunstancia que ahora vivimos nos hace sentir que la guadaña cae cerca.

Al igual que, en tiempos de la peste negra, hay quienes mantienen una posición vitalista y hay quienes ven a la muerte al acecho en cada esquina, en cada estornudo fortuito, en cada ser que se cruza en el camino. Estamos en una encrucijada que nos obliga a confrontarnos con el reconocimiento simbólico de nosotros mismos y de los otros, tanto de los otros otros, como de los otros que amamos. Por eso es tan acuciante la lectura de la guía de bioética. El otro se concibe en múltiples dimensiones: no sólo el que está fuera de nosotros, sino al cual nos acercamos por alguna razón. La guía de bioética, asimismo, implica una sistematización de lo que Paul Ricœur denomina el agape, es decir, el brindarse en el amor a otro (Caminos del reconocimiento, Madrid, Trotta, 2005). No sólo una sistematización, sino una contraposición. ¿Cómo y cuándo puedo decidir por la vida de otro? ¿Qué importancia tiene su edad o sus expectativas de vida-por-completarse? La guía nos dice que, el hecho de ser cabezas de familia –entre otras cosas– no es un factor definitorio para recibir atención médica crítica. ¿Entonces?

Haciendo a un lado cualquier postura filosófica, la guía de bioética es clara y se aprecia como una solución coherente a un problema inminente: somos muchos y somos seres contingentes en una contingencia. Eso implica que hasta el amor hay que sistematizarlo.


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El mundo post pandemia: La crisis que nos espera

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La crisis pandémica actual ha puesto a prueba las capacidades de los sistemas sanitarios a escala global; pero ha hecho más que eso, ha colocado en el banquillo de los acusados al sistema capitalista y a la democracia representativa, que ya venían experimentando signos crónicos de enfermedad.

Ciertamente el capitalismo ha demostrado su eficacia en la generación de riqueza, pero asimismo ha hecho evidente su limitada capacidad para distribuir equitativamente esos dividendos y, en general, las oportunidades, siempre a costa de los más vulnerables.

Así, mientras los científicos de la salud se afanan en encontrar un medicamento que cure la pandemia o una vacuna, los científicos sociales, filósofos e intelectuales imaginan una nueva era. ¿Cómo será el mundo después de la pandemia? En realidad todavía no lo sabemos, sin embargo, es claro que estamos en un punto de quiebre civilizatorio y, por primera vez, a escala global.

miedo a crisis
Ilustración: Hokyoung Kim.

En los hechos esa nueva era ya está aquí. Los gobiernos del mundo, casi sin darnos cuenta, apoyados en una aplastante propaganda de pánico, han instaurado una especie de régimen totalitario global, donde no sólo requisan la producción de las empresas; impiden la libertad de movimiento de sus ciudadanos; dan ruedas de prensa sin preguntas; y hasta ordenan a las empresas qué deben producir. Todo en aras del bien común.

La crisis sanitaria actual ha acelerado la toma de conciencia de los mayores defectos de la globalización y el capitalismo, y mientras esto ocurre, líderes mundiales como Donald Trump, toman medidas similares a las implantadas por Iósif Stalin o Mao Zedong. Diarios muy influyentes, como lo es El País, en España, publica titulares como el siguiente: “¿Se derrumbará el capitalismo como un castillo de naipes?”

En consecuencia, se espera que aparezca un sistema más humano, al menos más justo, menos contaminador, más social, menos egoísta, más solidario.

Es claro que estamos en una coyuntura histórica sin precedente, en una crisis estructural, a escala global, de este sistema que nos gobierna. Gracias a un pequeño virus se han develado muchas de nuestras más graves debilidades. 

El mundo se está preparando para hacer cambios radicales y globales. Y a medida que el pánico por el coronavirus se extiende, se pierden empleos y con ello el sustento básico de millones de personas, por lo cual la idea de la ley de la selva, claramente no es una buena fórmula. 

crisis y covid
Ilustración: Brian Wang.

Estamos frente al advenimiento de un nuevo tipo de socialismo reinventado, que incluya coordinación y colaboración global para afrontar la pandemia. Ésa es la conclusión del filósofo esloveno Slavoj Žižek. Esto en el contexto de una de las más graves crisis económicas que haya vivido la humanidad, por una pandemia que probablemente dure dos años, y contagie tarde que temprano al 70% de la humanidad, como lo ha asegurado la canciller alemana Angela Merkel. Lo que arrojaría un saldo final de millones de muertos. Slavoj Žižek sostiene que nos enfrentamos a la redefinición de la premisa básica de nuestra ética social: “Debemos cuidar de los ancianos y los más débiles”. 

EN PERSPECTIVA, enfrentamos una triple crisis: sanitaria; económica; y filosófica. Es un hecho que las condiciones de vida de millones de personas se están desintegrando. Y el cambio afectará a todos. Estamos frente al dilema de repensar la manera de producir y asignar los recursos, en aras de un bien superior, de un bien común (comunismo dirían algunos). La especulación es parte del capitalismo salvaje, pero muchos países desarrollados han comprendido que hay momentos en que debe prevalecer la solidaridad y la Ética. Incluso el mismo Donald Trump ha anunciado que, de ser necesario, emitirá una ley que le permita dirigir a la totalidad del sector privado. A eso, en 1918, la Unión Soviética le llamó: “Comunismo de Guerra”. 

Dicen algunos que tenemos la opción de seguir por el camino de este individualismo brutal o aproximarnos a una nueva versión de socialismo o comunismo reinventado. Cierto es que el mundo que conocimos antes de la pandemia jamás volverá a ser igual.

¿Y tú qué prefieres? 


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Mediación: mejor alternativa para resolver conflictos derivados del coronavirus

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La pandemia del nuevo coronavirus continúa afectando al mundo entero, por lo que México se ha visto obligado a emitir algunas disposiciones legales para enfrentar la crisis. Es así que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se declara como “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”, a la epidemia de enfermedad generada por el virus y, por su parte, la Secretaría de Salud expidió un acuerdo, publicado en el propio Diario Oficial el 31 de marzo de 2020, por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la mencionada emergencia sanitaria. Una de las principales consecuencias de la implementación de las acciones previstas en este último acuerdo del 31 de marzo, indudablemente deriva de lo previsto en la 1ª Medida que se refiere a la suspensión inmediata de todas las actividades que no entren dentro de la categoría de “esenciales”, lo cual seguramente tendrá graves repercusiones económicas, laborales, civiles y comerciales que provocarán el incumplimiento de contratos de todo tipo.

Suspender todas las actividades no esenciales, evidentemente generará incumplimientos contractuales que podrían ser justificados. No obstante, en virtud de ciertas circunstancias, las disposiciones previstas en los acuerdos del 30 y el 31 de marzo podrían constituir un supuesto de fuerza mayor al ordenar la implementación de medidas que pueden imposibilitar el cumplimiento parcial o total de las obligaciones de un obligado. Por otra parte, si bien las medidas impuestas extienden su aplicación temporal hasta el 30 de abril de 2020, la Medida 6 claramente establece que se dispondrán lineamientos para un regreso paulatino y ordenado, por lo que el verdadero alcance temporal va a irse modificando conforme vaya desarrollándose la epidemia en el país.

materia juricia en covid
Imagen: iStock.

En materia laboral, resulta particularmente relevante que ninguno de los dos acuerdos publicados en el Diario Oficial hace referencia a una “declaratoria de contingencia sanitaria”, sino a una declaratoria de “emergencia sanitaria por fuerza mayor”.  Las autoridades han indicado con claridad meridiana que ninguno de los dos acuerdos implican una “declaratoria de contingencia sanitaria” para los efectos señalados en el artículo 42 Bis de la Ley Federal del Trabajo, lo que evita detonar la sustitución del salario de los trabajadores por el pago de una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes.

Sin embargo, no cabe margen de duda respecto de la orden contenida en la Medida 1, en el sentido de suspender toda actividad no considerada esencial. En este entorno, derivado de dicha Medida, los empleados que puedan realizar sus trabajos remotamente (home-office), deberán seguir recibiendo su salario íntegramente. Por lo que se refiere a los demás, de no llegarse a un arreglo con dichos trabajadores, también se tendría que cubrir el 100% de sus salarios. Esto abre la posibilidad de que trabajadores y patrones lleguen a arreglos distintos a los acordados en los contratos colectivos e individuales de trabajo, a efecto de que las empresas tengan la posibilidad de mantener su viabilidad económica frente a la crisis, y para facilitar la negociación y adopción de esos acuerdos, las partes pueden acudir a un mediador privado.

Debido a que la materia laboral no encuadra en la típica actuación de los mediadores privados certificados por los diversos Tribunales Superiores de Justicia de los Estados de la República y de la Ciudad de México, la mediación correspondiente tendría que llevarse a cabo fuera de los marcos jurídicos correspondientes y el acuerdo logrado por las partes tendría que formalizarse bajo la forma de convenios de transacción o formalizados ante Notario Público, a efecto de facilitar su ejecución en caso de incumplimiento voluntario de alguna de las partes. Desde luego es aconsejable la celebración de un nuevo contrato para reflejar las nuevas condiciones acordadas, con la finalidad de evitar incurrir en el incumplimiento de la prohibición general de reducir el salario a los trabajadores.

materia de confinamiento.
Imagen: Freepik.

Por otro lado, en materia civil, debido a que el gobierno, como se dijo anteriormente, ordenó la suspensión de toda actividad no esencial por el mes de abril, durante este plazo se tendrá el cierre total de comercios, oficinas e industrias que sean “no-esenciales”, algunas de ellas ya suspendidas anteriormente por diversos gobiernos locales, tales como cines, casinos, teatros o centros nocturnos, no obstante lo cual no se podrá suspender la relación laboral de manera injustificada y será obligatorio continuarles pagando a sus trabajadores. Esa situación también tendrá graves consecuencias civiles, entre otras, en materia de arrendamiento. En esta materia es preciso recordar el principio básico de derecho que señala que “a lo imposible nadie está obligado”, fundamento plasmado en el Artículo 2431 del Código Civil para la Ciudad de México, que a la letra dice: Si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento, y si éste dura más de dos meses podrá pedir la recisión del contrato.

Es importante señalar que se llama fuerza mayor al imprevisto al que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad del estado derivados de diversos hechos, como en este caso el cierre obligado de establecimientos para contener una pandemia. La fuerza mayor debe ser inimputable, esto es, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo.

Con base en ello, los arrendatarios de inmuebles comerciales, de oficinas o industriales que por este Acuerdo deban permanecer cerrados en vista de la “Emergencia Sanitaria”, quedarán exentos del pago de la renta correspondiente, de conformidad con lo establecido por el Código Civil citado. Esto será un golpe para quien percibe rentas, pero dará respiro momentáneo a los arrendatarios de dichos inmuebles, quienes podrán negar el pago de la renta a sus caseros, o negociar nuevas condiciones, como la disminución de la renta por un plazo más largo, a fin de librar el duro golpe que el cierre va a propinar a todos ellos.

materia de confinamiento
Ilustración: Sezine.

Como se puede apreciar, a diferencia de lo que sucede en materia laboral, el Código Civil no requiere esa “declaratoria de contingencia sanitaria”, sino que basta que el inquilino por ese caso fortuito o fuerza mayor esté impedido totalmente del uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento, y si éste dura más de dos meses podrá pedir la rescisión del contrato. Naturalmente, eso sucede exclusivamente respecto de arrendamientos de inmuebles para uso de oficinas o locales comerciales pero no en materia habitacional, pues los inquilinos sí pueden utilizar sus viviendas, pese a la “Emergencia Sanitaria”. En estos casos mediante la utilización de mediadores privados certificados por los Centros de Mediación dependientes de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas y de la Ciudad de México, arrendador y arrendatario se beneficiarían del carácter de cosa juzgada y de la fuerza ejecutiva de los convenios firmados ante ellos, y en el caso de la Ciudad de México, incluso de su fe pública. A diferencia de la materia laboral, la materia civil encuadra perfectamente en el campo de los mediadores privados certificados y los convenios alcanzados por las partes mediante su ayuda, podrán inscribirse y tener las mencionadas consecuencias jurídicas.

Desde luego el cumplimiento de muchos otros tipos de contratos de naturaleza mercantil se verá afectado a consecuencia de la crisis del coronavirus y podrán ser objeto de mediaciones atendidas por mediadores privados, tanto certificados como no certificados, incluyendo los contratos de obra y aquellos de la industria turística que ha vendido multitud de viajes y paquetes precontratados que no podrán cumplir.


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Falta entendimiento entre el gobierno y la iniciativa privada

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“Puedo decir que contamos con el apoyo y la colaboración del sector privado nacional”, dijo López Obrador en su informe trimestral el domingo pasado, lo cual no es del todo cierto.

El congelamiento de inversiones privadas durante el año pasado y éste, es el mejor termómetro del distanciamiento entre gobierno e Iniciativa Privada (IP) que la pandemia hizo público.

Ni siquiera el Plan Nacional de Inversión en Infraestructura, avalado a fines del año pasado por Antonio del Valle Perochena, del Consejo Mexicano de Negocios, y por Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, junto con López Obrador, ha sobrevivido.

Era un marco de activación económica con 1,600 proyectos de inversión carretera, aeroportuaria y portuarias, y una inversión total estimada en 424 mil 149 millones de dólares en cinco años, de la cual, el 56 por ciento sería empresarial y el 44 por ciento pública.

Debió arrancar en enero pasado y ni siquiera fue mencionado por el presidente el domingo. La reactivación económica, dijo, vendrá por la inversión y creación de empleos de las obras que emprenda el gobierno.

gobierno vigilado
Ilustración: Top10.

El martes, Carlos Salazar, hizo pública la propuesta que le presentó al presidente para apoyar fiscalmente a las empresas a sortear la recesión, la cual, dijo, fue rechazada por “la autoridad”.

Si hubo un principio de entendimiento entre el actual gobierno y la IP, fue en lo tocante al combate a la corrupción, pero no lo han alcanzado en cuanto a las reglas de inversión privada.

Por los excesos que alcanzó durante los últimos gobiernos, la corrupción erosionó en extremo las bases sobre las que se toman las decisiones de inversiones productivas y la confianza en las instituciones. Las empresas al margen de la red de complicidades, quedan en desventaja competitiva.

En cuanto a las reglas de inversión, para López Obrador representa un conflicto hacer concesiones a negocios privados con recursos que, desde su parecer, deben ser transferidos a favor de los pobres.

La IP, por su parte, tiende, en general, a fincar su “confianza” en el apoyo, concesiones, condonaciones, garantías y a fin de cuentas, privilegios del gobierno que protejan sus inversiones de todo riesgo.

Esto no es nuevo; México ha vivido, por lo menos desde 1940, bajo lo que se conoce técnicamente como una oligarquía, un gobierno de pocos que reúnen enorme poder político y económico. Con priistas y panistas tuvimos gobiernos que en vez de proteger la legalidad y fomentar las inversiones al crear infraestructura, regulaciones y orientar actividades estratégicas como cualquier gobierno moderno, otorgaron privilegios y, en el neoliberalismo, remataron activos de la nación para el descomunal enriquecimiento rápido de unos pocos.

gobierno y economía
Ilustración: TM Group.

La pandemia, crisis de salud pública sin precedentes en más de un siglo y el cierre de toda actividad económica no esencial, nunca antes requerido para salvar vidas, harán que las empresas de todo tamaño tengan menos ingresos de lo que les cueste conservar su nómina de empleados y trabajadores, y cubrir demás gastos fijos.

López Obrador rechazó incurrir en mayor déficit fiscal o elevar la deuda pública para contar con recursos y diferir el cobro de impuestos y contribuciones empresariales; cierto que muchos países han implementado medidas de apoyo fiscal a empresas, con buenos resultados contra la depresión sólo en economías desarrolladas, cuyo eje son las empresas consolidadas.

Las medidas de apoyo a las empresas que contempla el gobierno de México son para las microempresas –94% de los negocios en México y 40% del empleo formal– con créditos minúsculos de 25 mil pesos a pagar en tres años; el aumento de la inversión pública complementaría el esfuerzo para salir de la recesión.

Si no cambia la perspectiva del gobierno, las pequeñas, medianas y grandes empresas consolidadas de México, tendrían que solventar su sobrevivencia durante los próximos meses con recursos propios, pactando el diferimiento de compromisos crediticios y de cobranza entre unas y otras.


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Trastoca COVID-19 obligaciones contractuales

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El derecho, es el mínimo contenido ético socialmente exigible.

En lo general, la pandemia amenaza cadenas productivas, negocios, industrias, vidas, familias, países, en unas cuantas palabras, al mundo como lo conocemos. La irrupción del brote de coronavirus ha tomado a todos por sorpresa. Muchos, entre los cuales me cuento yo, confiábamos en que la ciencia sacaría una carta de la manga para detener el avance del flagelo, pero las semanas pasaban y los enfermos aumentaban, primero por decenas, luego por centenas, y ahora…

En la esfera personal y en los centros de trabajo, las inquietudes por la pausa puesta a la vida con el confinamiento, ha dado paso a toda clase de interrogantes: ¿debo pagar la tarjeta?, ¿debo pagar los impuestos?, ¿debo pagar la colegiatura de la escuela?, ¿debo pagar al profesor de tenis?, ¿debo pagar la renta?, ¿tengo derecho a mi sueldo completo?… y así al infinito. Aquí nos ocuparemos, solamente, del impacto de la emergencia en las relaciones comerciales de todos los días.

La intuición nos parece dirigir al entusiasta camino de la solidaridad y el balance de las relaciones, como mecanismo natural de previsión y resolución de conflictos. Pero ese principio se rompe y corrompe cuando de cubrir necesidades básicas se trata. Cada cual defiende su territorio con lo que tiene para tratar de estirar sus recursos y llegar a la siguiente orilla, en la espera de una normalidad cada vez más incierta y distante.

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Ilustración: Freepik.

Es una realidad que, cuando los abogados redactamos contratos, incluimos cláusulas de las llamadas “de cajón”, que muchas veces ya no revisamos ni leemos. Entre ellas, una dirigida a “los casos fortuitos y la fuerza mayor”, como circunstancias excepcionales que sitúan a las partes, o a una de ellas, en la imposibilidad de cumplir con lo pactado. Regularmente, los contratos liberan a las partes de dichas obligaciones, limitando el beneficio, estrictamente, al tiempo que dure el estado de excepción. Entre las causas mas remotas de “fuerza mayor” suelen mencionarse los terremotos, las inundaciones, las revoluciones, las guerras y otros contenidos de películas hollywoodenses. Como la lista suele ser, simplemente enunciativa, las epidemias forman parte del selecto grupo.

Muchos contratos no cuentan con tal previsión, en cuyo caso es necesario recurrir a la ley para resolver la controversia. Lo primero que es necesario decir es que no todos los códigos atienden el tema de la misma manera. Algunos, en el año 2010, dieron paso a un supuesto que contempla estos eventos, bajo el atractivo título de la “teoría de la imprevisión”, como es el caso del de la Ciudad de México y el Estado de México.

Bajo esta normativa, es posible que una de las partes solicite la modificación de un contrato en caso de acontecimientos extraordinarios de carácter nacional que no fuere posible prever y que por esa causa las obligaciones de una de las partes se vuelvan más onerosas, por lo que esta acción tiene la finalidad de recuperar el equilibrio entre las obligaciones. Supongamos que se trata, por ejemplo, de la renta de un local comercial que por orden de la autoridad debe permanecer cerrado, de manera que para el arrendatario el pago de la renta resultará desproporcionado durante el tiempo que dure la contingencia.

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Ilustración: Economic Times.

Si las partes se pueden poner de acuerdo sobre el monto a reducir, el tiempo y las condiciones, ese convenio tendrá plena validez; y si las partes son incapaces de alcanzar el acuerdo, entonces es posible recurrir a un Juez para que, con base a los argumentos y pruebas de cada una, el tribunal lo defina. Es importante saber que el plazo para solicitar el ajuste de las obligaciones es de 30 días, por lo que en el caso de México éste se cuenta a partir de que la emergencia por el COVID-19 fue declarada, lo cual aconteció el pasado 31 de marzo.

A través de la diversidad de consultas de familiares, clientes y amigos, hemos podido constatar que esta emergencia nos tomó por sorpresa a todos, incluidos la ley y los contratos, ya que muchos de los supuestos no están considerados y muchos de los códigos en los estados de la República son totalmente omisos sobre el particular.

Sin embargo, el principio de la teoría de la imprevisión, que antes mencionamos, consistente en buscar restaurar el equilibrio en un contrato, cuando un acontecimiento impredecible e incontenible, ajeno a las partes, lo altera, debe ser atendido como criterio de solución para todos los casos.

La función de la ley, al establecer principios de contenido ético esperables en las relaciones entre personas, es la de erigir en valor jurídico la solidaridad que como sociedad nos debemos unos a otros. Ante la duda, es necesario recurrir a este principio, y a su espíritu, en lo que la naturaleza restaura la alteración que la propia pandemia impone.


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