Política

La crisis ideológica en la política mexicana

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Por más que se pretenda entender la política de México, resulta complicado lograr tal objetivo, toda vez que es sumamente compleja, imprecisa y llena de contradicciones.

De pronto, un personaje que asume una ideología, sea de izquierda, de derecha, o bien, de centro, de la noche a la mañana cambia su manera de pensar y sin más, también su militancia en partidos políticos aunque sean divergentes; es así que podemos encontrar a personas inscritas en el Partido Acción Nacional (PAN), de tendencia conservadora, y al día siguiente se encuentra en las listas del más izquierdista y viceversa, todo de acuerdo a sus intereses.

Al final de cuentas no hay seriedad, ni congruencia ideológica. En México tener o trabajar en un partido político es asegurar un ingreso, aunque implique ser una rémora para el pueblo que dicen representar.

En nuestro país se han convertido en una carga millonaria que no tiene beneficio para los ciudadanos. Si desaparecieran, no pasaría nada, por el contrario, se tendría un ahorro considerable en bien de programas sociales, como pueden ser construcción de escuelas, o bien, obras de distinta magnitud. Es momento de preguntarnos qué tipo de representación necesitamos y qué deberá hacerse para sustituir a los inservibles partidos, que se han convertido en instituciones corruptas donde se trafican votos a cambio de su supervivencia.

elecciones 2021
Imagen: Connectas.

La idea anterior es factible si se manejaran listas de candidatos, pues se ha llegado a tal hartazgo que los pueblos ahora votan por personajes en lo individual, y es así como un buen aspirante, aunque sea propuesto por el peor partido, triunfa de manera abrumadora frente al fracaso de los postulantes de partidos más fuertes, debido a que sus propuestas están depositadas en sujetos impresentables.

La propuesta formulada es difícil que prospere, existen infinidad de intereses creados, hay una impresionante red de negocios en la cual se manejan presupuestos insultantes a nombre de un aparente fortalecimiento de nuestra democracia.  

En la actualidad, a nivel nacional encontramos por lo menos diez partidos políticos, que con frecuencia acuden al sistema más antidemocrático que pueda darse, como los son las famosas alianzas, que también se denominan agrupaciones o coaliciones, lo que resulta cómico y muestra una absoluta falta de principios.

En las elecciones presidenciales de 2018, el histórico Partido Acción Nacional (PAN), de manera inédita se alió con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), nótese, la izquierda y la derecha unidos por la ambición del poder, ambos dejaron a un lado sus ideologías, pues para ellos lo importante era ganar a cualquier precio, sin contar para nada lineamientos, estructuras y sobre todo aspectos morales y éticos.

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Imagen: Cuatro Pelagatos.

En la misma tesitura se encontró quien arrasó en las elecciones pasadas, MORENA, que siendo un movimiento surgido de izquierda y con amplia identidad popular, no tuvo “empacho” en aliarse con Encuentro Social, conformado por personajes ligados a grupos religiosos conservadores, lo cual resulta traumático y decepcionante.

En este maremágnum abundan los partidos “satélite”, aquellos que se venden al mejor postor y están atentos a la “carroña política”, buscan canonjías y reciben beneficios ilícitos por sumarse a otros. Son varios los ejemplos de este tipo, como el Partido del Trabajo, cuyo origen y crecimiento, según se ha documentado, fue gracias a Raúl Salinas de Gortari; Convergencia Nacional del ex priísta Dante Delgado y no se diga otros partidos como el Verde, el Partido Encuentro Solidario (PES), Fuerza Social por México (FSM), por mencionar algunos; ahora se han incorporado otros, como el que comanda Elba Ester Gordillo, llamado Redes Sociales Progresistas, que está apuntándose para participar en el reparto del pastel.

Esa danza de organizaciones sin filosofía constituye un retroceso en el supuesto avance democrático del país.

Insistimos, desaparecer los partidos es una buena opción, pero si no fuera así, por lo menos deberíamos pensar en un sistema bipartidista, esto es, sólo dos agrupaciones, una de izquierda y otra de derecha, lo que marcaría un avance fundamental para estimular la participación política del pueblo mexicano que hoy se encuentra decepcionado.

politica en mexico
Imagen: El Comercio Perú.

Junto con esta idea precisa del fracaso del modelo de partidos políticos, tendrá que evaluarse la permanencia de organismos onerosos como el Instituto Nacional Electoral y un sinnúmero de institutos estatales, que lo que menos hacen es promover los principios de participación ciudadana, tampoco brindan credibilidad a eventos electorales.

También deben desaparecer por innecesarios los órganos juzgadores de los procesos electorales, empezando por el Tribunal Federal Electoral, sus funciones las debería realizar la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, o un organismo que sólo trabaje en época de elecciones.

México mantiene un retraso en materia electoral, ello en buena medida porque la educación cívica no tiene relevancia en nuestro país.

Urgen cambios para poner un alto a la corrupción y al negocio de los partidos políticos, pero sobre todo recuperar la confianza.


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¿Quién va: Trump o Biden?

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En medio de una pandemia por el COVID-19, que ha causado 231 mil muertes y con millones de personas desempleadas, los estadounidenses decidirán este martes si Donald Trump permanece como presidente o Joe Biden será el próximo mandatario.

En las encuestas en la carrera a la Casa Blanca, Trump va ligeramente detrás de Biden, y de acuerdo con los pronósticos se prevé un final muy cerrado para ganar los 270 votos en el Colegio Electoral, que determina al ganador.

Durante la campaña electoral Trump lanzó amagos de un conflicto postelectoral, pues advirtió que si había fraude no aceptaría el resultado.

Trump se ha caracterizado por su política agresiva contra México y la construcción del muro fronterizo.

En caso de que Biden sea el ganador, se prevé un cambio en su política hacia México, menos agresivo, evaluará la política migratori, y en lo económico no modificará el T-MEC y mantendrá estímulos para devolver inversiones a Estados Unidos.

Em este proceso también está en juego el control del Senado, y el escenario que ven analistas es que si los demócratas ganan tres escaños y Biden llega a la presidencia entonces tendrán el control de Washington, y se prevé que conserven la mayoría en la Cámara de Representantes.

¿Fin de la era Trump?

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Estados Unidos se apresta a celebrar su quincuagésima novena elecciones presidenciales este martes 3 de noviembre bajo un formato inédito del uso de mascarillas para la movilidad a los espacios asignados, el distanciamiento social como regla de “oro” para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, y el ejercicio global del sufragio a través del correo tradicional (al respecto diversas cifras revelan que una cifra récord del 76% “serán elegibles para recibir una boleta por correo”). Los protagonistas principales, el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden se han valido de diversas estrategias que naturalmente han venido subiendo de intensidad y crispaciones sociopolíticas a medida que se acerca la fecha clave. 

Para empezar, me parece que la lógica del distanciamiento social ha venido tomando fuerza desde la prevalencia de la virtualidad y el teletrabajo producto de la Covid-19, debido a los confinamientos obligatorios; pero, además, a raíz de los imaginarios xenófobos que se han venido impulsando desde el pensamiento neocapitalista liderado por el actual inquilino de la Casa Blanca. Al respecto, Pía Taracena Goût, internacionalista de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y colaboradora de El Semanario Sin Límites, sintetiza que son cuatro los temas centrales en política exterior impulsados por Trump: (1) Tensiones en la relación con China; (2) Tensiones con Irán y su postura en Medio Oriente; (3) El “amor” de Trump por los gobernantes autoritarios; y (3) Las presiones hacia sus Aliados y al sistema Internacional.  

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En disputa por la candidatura, Joe Biden vs. Donald Trump.

Nuevamente las encuestas han venido dando como favorito al contrincante de Trump –primero Hillary Clinton en 2016, ahora Biden–, no obstante, se ha podido observar que estas herramientas a favor de la movilización del pensamiento de la opinión pública han sido indeterminadas en los últimos años en la predeterminación de los candidatos vencedores, al menos en nuestro continente.

Bajo mi punto de vista, la actual pandemia podría ser determinante en la remoción de Trump como presidente de la nación norteamericana, pues ha minimizado la misma, privilegiando un capricho personal –consciente o inconscientemente–, lo cual evidentemente debería “despertar” en la ciudadanía “americana” el desapego de los valores promovidos por el dignatario norteamericano, relativo a potenciar la “vida económica” por sobre la “vida humana”. Ya lo hemos observado en su retórica recurrente de desmeritar –al menos en el espacio público mediático– el trabajo contra diversas infecciones, el trabajo de leyendas como el médico Anthony Fauci.

Lo que sí es cierto es que la democracia global no puede “avanzar” al ritmo requerido si líderes como Trump “coquetean” con ejecutorias –de mandatarios cuestionados por una creciente oposición interna– como las de su homólogo ruso Vladimir Putin. Lo que sí es cierto es que el presidente estadounidense ha sido “ferviente” actor del pensamiento paradójico: ejemplo de ello la relación crispante que sostuvo con el otrora presidente mexicano Enrique Peña Nieto. No obstante, parece “entenderse” en los aspectos básicos de los asuntos “de interés” con Andrés Manuel López Obrador, aunque con ideologías distintas, que interpretan lo acaecido y gestionado por parte de sus administraciones desde lógicas únicas que solamente caben en sus visiones (de ahí los sistemáticos “ataques” a todos aquellos agentes que buscan señalar sus errores y promover otras alternativas de gestión).

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Presidente de México Andrés Manuel López Obrador con su homólogo estadounidense Donald Trump.

En definitiva, para que haya menos dispersión en la gestión de los asuntos globales de interés general, Trump “debe irse”, lógicamente bajo el mandato del soberano estadounidense que tiene la potestad de hacerlo a través de los depósitos asignados para tal fin este noviembre 2020.

Posdata: De acuerdo a datos de The New York Times, la votación por correo en Estados Unidos se remonta a mediados del siglo XIX, “cuando otra crisis nacional impidió que los votantes emitieran sus votos en casa”.


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Disputa patética

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La patética disputa entre el Presidente de la República y los gobernadores de diez estados, agrupados en la Alianza Federalista, muestra el grado de rispidez de la confrontación política nacional y también una de las muchas entelequias constitucionales: la soberanía y la libertad de los estados de la República (federal) Mexicana.

En esencia no hay novedad. Los hechos de hoy son la repetición de los que ocurrieron en otras épocas. La transformación proclamada es en realidad la regeneración del viejo régimen priista.

Cualquier reportero que haya cubierto la Cámara de Diputados, en cualquier época del siglo pasado, sabe de las negociaciones entre el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y otras entidades gubernamentales que acudían a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión de Hacienda de ese órgano legislativo a buscar el presupuesto federal que requerían.

La asignación del presupuesto federal servía también para chantajes y castigos, pero no sólo del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales contra municipios de la oposición.

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Imagen: El Universal.

De acuerdo con la Constitución, los estados mexicanos son libres y soberanos, y los municipios son libres. Es decir, por lo menos semánticamente, –el escribidor no es experto constitucionalista, sino un simple lector– los estados poseen una autoridad suprema e independiente y la libertad de obrar o no en otro sentido.

En otras palabras, al menos teóricamente si se hace caso a la gramática, se supone los estados que integran la República (federal) Mexicana podrían tomar decisiones soberanamente, incluso la de dejar de pertenecer a la Federación.

Pero, esas facultades constitucionales son realmente irreales en un sistema político extremadamente presidencialista como el mexicano, cuyo exceso lo convierte en una república centralista, dependiente de la voluntad única del presidente, que hoy se exacerba.

¿Un estado libre y soberano podría separarse de la federación de la que es miembro? Es de suponerse que sí, si es que es libre y soberano. Pero, ¿dónde radica y quién debe ejercer la soberanía de ese estado? Pues, en principio, es de suponerse que en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de ese estado, pero hasta donde el escribidor sabe no existe un procedimiento legal para que un estado mexicano libre y soberano se separe de la federación y tampoco –eso lo deben contestar no sólo los juristas, sino también los historiadores– un procedimiento para que un estado se agregue a la federación. ¿Cómo fue que los 32 estados de la República Mexicana decidieron integrarse a una federación? ¿Cuál fue el procedimiento?

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Imagen: Nexos.

Y lo verdaderamente grave es confundir “pacto federal” con “pacto fiscal”. Por supuesto que en ambas partes en disputa existe el deseo que mantener esa confusión, para obtener réditos políticos.

Pero lo cierto es que en la actualidad los estados ni son libres ni son soberanos; económicamente dependen del reparto del dinero público que haga el gobierno federal en sus presupuestos anuales. Desde hace muchos años que existen estados, sobre todos los norteños y ahora los centro con su despegue económico, que reclaman al gobierno federal por el reparto del dinero que producen los impuestos federales en sus territorios y que regresa en cantidades muy menores en el presupuesto.

Esa es la esencia del conflicto actual entre los diez estados de la Alianza Federalista y el gobierno federal o, mejor dicho, el presidente de la república, quien anunció su negativa a recibir a los gobernadores para dialogar, conciliar, negociar “por el bien de la república”, se decía antes, para no poner en riesgo la “investidura presidencial”. Un real reportero le preguntaría al presidente: ¿Recibir, escuchar y dialogar con un gobernador o un grupo de gobernadores afecta a la investidura presidencial? Si es así, ¿el presidente ya no recibirá a ningún gobernador que le solicite audiencia?

El secretario de Hacienda ya intervino en la disputa mediante mensajes en Twitter, afirmando que los gobernadores, principalmente los que provienen del PAN, no tienen razón de quejarse porque el gobierno de la transformación está aplicando las reglas del pacto fiscal federal asumidas durante el gobierno de Felipe Calderón, que en este caso es muy respetado, aunque en otras cuestiones sea el villano favorito. Otra pregunta reporteril: ¿Luego de dos años no se han podido modificar esas leyes calderonistas? Es que se tiene que modificar la Constitución, responderán; bueno, el presidente ha dicho, en otros casos como el de las energías, que si es necesario modificar la Constitución, se hará. ¿Por qué no en éste? ¿Por qué le conviene al gobierno federal tener el control económico y someter a los estados gobernados por la oposición?

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Imagen: El Cato.

La disputa entre los diez gobernadores y el presidente de la república no concluirá en ninguna solución favorable a los ciudadanos de esos diez estados.

Y peor aún, un grupo de esos gobernadores ya cayó en la trampa que les tendió el presidente de la república: convocar a presuntas consultas populares sobre el tema; es decir, jugar en su propio terreno, en el de su discurso populista. El presidente de la república ha dicho que la demanda de esos gobernadores es una estrategia electoral. Lo dice un experto en estrategia electoral, quien tiene los recursos para darles la vuelta. Ya está ganando.

Nadie, en su sano juicio, puede negar el derecho de la demanda de los diez gobernadores, pero el primer camino elegido no ha sido el correcto. Ojalá y tengan una verdadera estrategia para enfrentar a un presidente que se niega a dialogar y que su objetivo es polarizar y dividir, con el objetivo de tener el poder absoluto. La real es una disputa por el poder.


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¿Desterrar la corrupción y purificar la vida pública?

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A casi dos años de gobierno, es claro que el combate a la corrupción es más un comodín en la baraja retórica y de operación política presidencial que algo siquiera cercano a una lucha. Y no hablamos de operar alguna estrategia al respecto, pues no aparece nada de eso ni visos de que lo habrá, más allá de dichos: ya no hay corrupción porque se prohibió y no se tolera; se barre como las escaleras, desde arriba, donde ya no es lo mismo porque hay autoridad moral.

Lo que sí hay son suficientes contradicciones como para pensar que en esta trama no se cumplirá aquella sentencia, atribuida a Lincoln, de que “no puedes engañar a todos todo el tiempo”.

Sí hay corrupción cuando, por ejemplo, se decide tomar el dinero de fideicomisos y, de pasada, centralizar más el poder público, o siempre que se quiera imponer alguna decisión arbitrariamente, contra las resistencias que se interponen “porque no quieren perder sus privilegios”. Eso son resabios “de las administraciones pasadas”. No la hay cuando se acusa a celebridades o gente cercana del movimiento y gobierno de regeneración o quedan evidenciadas. Eso, nos dicen, es politiquería, y de quién más sino de los corruptos.

En la caverna platónica de La Mañanera o ante la Asamblea General de la ONU se habla una transformación para “purificar la “vida pública”. Claro, nada como la “renovación moral” del que sería el primer gobierno del “periodo neoliberal” de acuerdo con la historiografía de la nueva edición de la moralidad en el poder, mucho menos como la cacería de “peces gordos” del cuarto.

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Imagen: Nieto.

Mientras tanto, México empeoró en el indicador “Ausencia de corrupción” que mide el World Justice Project. En la edición 2020 de su Índice de Estado de Derecho, se ubicó en el lugar 121 de 128, versus el 102 de 113 en la edición anterior. Hace dos años, 90% de los países evaluados eran menos corruptos que el nuestro y ahora son el 94%. La calificación cayó de 0.31 a 0.27 (1 es fuerte adhesión al Estado de Derecho).

Entre las paradojas narrativas, en el segundo informe de gobierno se nos dijo que “ya se acabó la robadera de arriba”, aunque hay que seguir trabajando para desterrarla por completo. Como si ésta fuera un personaje que algún rey envió condenado al desierto. De cualquier modo, se presumió que gracias a que no se le permite, y por la “austeridad republicana”, ya se han ahorrado 560 mil millones de pesos.

No se han dado detalles de cómo se llega a esa cifra ni sabemos dónde está o en qué se gastó. Menos aún por qué el dinero sigue sin alcanzar y se tiene que despojar a fideicomisos para científicos o la protección a víctimas, a quienes se pide serenidad con otras paradojas de antología: es para la emergencia de salud, aunque se les entregará lo mismo; no había transparencia, pero no podemos decir cómo vamos a gastarlo ahora exactamente.

Los estudiosos de la ciencia política y de la administración pública hacen hincapié en que el combate a la corrupción es un tema de sistemas e instituciones efectivos de prevención y profesionalización burocrática, transparencia y rendición de cuentas, fiscalización, investigación y procuración de justicia contra la impunidad, y aquí cabe la participación ciudadana que empuja en esa dirección. Más que de moralización y voluntarismo: eso lo ha sabido, desde tiempos inmemoriales, quien quiera que haya reflexionado sobre la naturaleza humana.

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Imagen: Pinterest.

Cuando como nación tengamos voluntad y realismo para ir en ese sentido contra la corrupción, más de esfuerzos consistentes y de instituciones sólidas que de movimientos supuestamente regeneradores, entonces habrá un cambio. No redención, pero sí un México mejor.

Por lo pronto, aunque la corrupción es omnipresente en el discurso y la narrativa, no se aprecia ningún esfuerzo relevante de carácter institucional, más allá de reformas legales que aumentan penas a los delitos: populismo penal en el mejor de los casos; en el peor, de ejercicio antidemocrático del poder.

No hay programas de profesionalización y fortalecimiento institucional de prevención, control y procuración de justicia. El desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción está detenido y olvidado. Más que a combatir a la corrupción, parece que ha habido más prisa en atacar o controlar a organismos autónomos.

Han aumentado las compras directas o por invitación restringida, propicias a la discrecionalidad y la opacidad. Cerca de 80% de los contratos ha sido entregado por adjudicaciones directas, según Mexicanos contra la Corrupción.

Como en sexenios anteriores, la procuración de justicia ha estado marcada por la sombra del uso mediático y político. Inclusive de manera más burda que antes, como en el caso de la consulta pública para enjuiciar a expresidentes, en vez de promover denuncias puntuales si se sabe de algún delito específico, y ésta devenida en “esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados” por el filtro editorial de la Suprema Corte.

combate a la corrupcion
Imagen: Víctor Solís.

Lo mismo puede decirse del uso del fantasma de la corrupción para cancelar las obras del aeropuerto de Texcoco, sin que a la fecha se sepa de alguna denuncia o siquiera investigación.

Por si fuera poco, no han faltado escándalos de presuntos actos de corrupción de miembros prominentes del gobierno o gente muy cercana, inclusive acusaciones contra el pintoresco y paradójicamente denominado Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

¿Cómo se puede pretender “purificar la vida pública” corrompiendo el lenguaje y los conceptos así? Los países que han reducido la corrupción lo hicieron vía el fortalecimiento de la legalidad y las capacidades institucionales del Estado; no con cruzadas verbales por misiones etéreas. No existen datos objetivos para evaluar la efectividad de la demagogia contra la maldad; sí es evidente que la realidad sigue ahí, como el dinosaurio de Augusto Monterroso.

No se trata de cambiar la condición humana, sino de afianzar el Estado democrático de derecho.


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Avalan diputados reasignar recursos del Fondo de Salud

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Entre protestas y gritos, diputados de Morena y sus aliados (PES, PT y Verde) consumaron las reformas a la Ley General de Salud, lo que permitirá al gobierno federal disponer de los 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud.

El argumento de los morenistas, y del mismo gobierno federal, es que dichos recursos serán reasignados para la compra de vacunas contra el COVID-19.  

Los partidos de oposición PAN, PRI, PRD y MC, previo a la votación rompieron el quorum, el cual fue retomado minutos después, y acusaron fraude en la votación.

La votación fue de  242 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones.

“El artículo Segundo Transitorio precisa que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) instruirá a la institución fiduciaria del Fondo de Salud para el Bienestar para que, a más tardar el 1 de abril de 2021, concentre en la Tesorería de la Federación la cantidad de hasta treinta y tres mil millones de pesos del patrimonio de ese Fideicomiso, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables”, refiere la Cámara de Diputados.

El costo de eliminar los fideicomisos

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El golpe mortal a los 109 fideicomisos fue asestado en el Senado por la mayoría morenista, el miércoles pasado, al aprobar su desaparición y meterlos a todos, inexplicablemente, en la misma bolsa de la corrupción.

La forma irreflexiva, autoritaria y cerrada en la que se comportó la bancada de Morena, al no escuchar ni a la comunidad científica nacional ni a la internacional, confirma que se trató de una decisión tomada desde Palacio Nacional, antes de que llegara al Legislativo, como en los peores tiempos de la prepotencia panista y priista.

De otra forma se hubiera escuchado e investigado antes cuáles eran los fideicomisos donde había corrupción, también se hubieran depurado y rescatado los que generan conocimiento y resuelven problemas coyunturales, y las emergencias por desastres naturales.

Pero parece que la prioridad del gobierno es quedarse con los más de 68 mil millones de pesos que habían acumulado para enfrentar el año electoral que ya está encima. 

investigacion de fideicomisos
Imagen: @cartondetrizas.

De nada sirvió la carta pública y abierta de más de 700 científicos de decenas de universidades y organismos científicos internacionales.

En la misiva, pedían al Congreso mexicano no eliminar los fideicomisos públicos, incluidos los Fondos de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

No importó que la firmaron científicos de las universidades más prestigiosas como Harvard, Yale, Cambridge, Stanford, Princeton, MIT y Oxford, entre otras.

Los investigadores advertían que la supresión de los fideicomisos “sería un duro golpe a la ciencia y la tecnología en México justo cuando, más que nunca, el país necesita de su aporte”.

Esto es en el ámbito científico. En el terreno jurídico y administrativo el cierre de estos 109 fideicomisos es más complicado de lo que parece.

Explicaba en este mismo espacio hace dos semanas que, lo que no sabe el presidente, porque nadie se atreve a contradecirlo, es que los fideicomisos se crean para manejar recursos públicos de manera multianual, justo como se necesita en el ámbito académico.

En cambio, las dependencias del sector gubernamental están obligadas a gastarse el presupuesto durante el año fiscal que lo reciben, ni un día más.

recorte a la ciencia
Imagen: Víctor Solís.

La figura del fideicomiso, además de la disposición multianual del recurso, permite recibir dinero de múltiples instituciones: universidades, empresas, fundaciones, particulares, entre otras.  

Pero este mismo esquema hace muy complejo y costoso su finiquito, porque hay acuerdos de investigaciones en curso, para las que ya se adelantaron partidas, por lo que tienen que culminarse o regresar el recurso y, en algunos casos, tendrán que pagar penalizaciones.

Además, los bancos donde está depositado el recurso también cobran un porcentaje de comisión por la cancelación de cada fideicomiso.

Esto quiere decir que no se pueden cerrar ipso facto nada más porque a un señor se le ocurrió, se requiere limpiar todas las cuentas, negociar los contratos e investigaciones que, sin duda, van a costar una fortuna dejarlas a medias o restituir fondos.

Pero la decisión presidencial está consumada y, en pocos años, las generaciones que acaban de nacer resentirán las consecuencias de interrumpir el avance científico y tecnológico del país.

Hoy, todo indica que, por muchos años, tendremos que pagar, otra vez, miles de millones de pesos para acceder a una vacuna que le salve la vida a cientos de miles de mexicanos. Pero ¿habrá suficiente recurso para pagarlas?


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Narcotráfico hasta los huesos: Salvador Cienfuegos

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La detención el 15 de octubre pasado del ex-secretario General Salvador Cienfuegos Zepeda, acusado de cargos vinculados a narcotráfico y lavado de dinero, confirma la absoluta penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado mexicano.

El caso se suma a la captura por el mismo gobierno estadounidense del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el 10 de diciembre de 2019, acusado por delitos relacionados al tráfico de drogas y falsedad de declaraciones; y a la extradición del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera “El Chapo Guzmán”, el 19 de enero de 2017. Todos requeridos por la Fiscalía Federal del Distrito de Nueva York.

El caso de Cienfuegos es particularmente significativo por ser el Ejército mexicano, una de las instituciones con mayor prestigio y aprecio social, a pesar de la existencia de precedentes que ya hacían notar casos de militares corruptos. Crecientemente a partir de que involucraran a las fuerzas armadas en el combate del crimen organizado.

Y es que el Ejército mexicano tiene su historia y peculiaridades. No podemos asumirlo como cualquier otro ejército del mundo. Es un ejército que se define a si mismo como popular; que no pertenece a una oligarquía hereditaria o una “casta dorada” como ocurre en otros países de Latinoamérica.

Imagen: Reuters.

El Ejército mexicano surge de la Revolución mexicana, de la hibridación entre los militares profesionales con aquellos surgidos de las diversas facciones revolucionarias. Y en el presente, se alimenta, en la tropa y en sus mandos, de mexicanos provenientes de las clases populares y campesinas.

Pero pongámosle perspectiva histórica al análisis. En 1929 el presidente Plutarco Elías Calles organiza el Partido Nacional Revolucionario para contener y dirimir pacíficamente las disputas por el acceso al poder político en todos los niveles y ramas del gobierno. En este partido se incluyeron organizaciones obreras, campesinas, populares, además de un ala representativa de las fuerzas armadas. En 1938, con la ruptura entre el expresidente Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas del Río, presidente de la República en funciones, se crea el Partido de la Revolución Mexicana, incluyendo a organizaciones obreras que habían quedado marginadas y años después posibilitando la creación de partidos políticos opositores. En 1946, el partido gobernante es nuevamente refundado, esta vez con el nombre de Partido Revolucionario Institucional. Así se culminó el relevo generacional y la transición del gobierno de militares a civiles. Situación que se expresó con la exclusión de las fuerzas armadas como agrupamiento dentro del nuevo partido y con la elección de un civil como candidato a la Presidencia de la República, el Licenciado en Derecho, Miguel Alemán Valdés.

Y es el mismo Ejército que el General Manuel Ávila Camacho desprendió del Partido Revolucionario Institucional para despolitizarlo y establecerlo como garante de la paz, la defensa y la estabilidad interna.

A cambio, el Ejército mexicano ha gozado de todo tipo de privilegios, desde proponer de entre sus filas al presidente de la República, a quien deberá ser el próximo Secretario de la Defensa Nacional (o al menos una terna) hasta su propio régimen jurídico donde los militares juzgan a los mismos militares ante la comisión de faltas o delitos graves. Todo ello pasando por una gran opacidad en el manejo del presupuesto destinado a la defensa nacional.

Imagen: Nexos.

Por eso no es menor el hecho que nos ocupa. La captura del ex general Salvador Cienfuegos Zepeda no pudo haber ocurrido sin el conocimiento o incluso el consentimiento del gobierno de México en funciones. Tal parece que estamos ante la secreta cooperación al más alto nivel para enfrentar la penetración del narcotráfico en las instituciones del Estado mexicano y en lo más recóndito del tejido social.

Ante esto cabe preguntarnos: ¿Qué respuesta podemos esperar de los mandos y la tropa del Ejército mexicano? ¿Qué pasará con la cooperación en materia de seguridad trasnacional entre Estados Unidos y México? ¿Cómo puede serle funcional al gobierno de la “Cuarta Transformación” un golpe tan contundente al corazón del Ejército mexicano?

EN PERSPECTIVA, es necesario afirmar que el ex-secretario General Salvador Cienfuegos, bajo el principio de presunción de inocencia, será culpable sólo hasta que así quede demostrado. Sin embargo, el golpe está dado. Y ha sido impactando en la línea de flotación de la institucionalidad de México. Al caer el prestigio del Ejército mexicano, caerá en las manos de la Presidencia de la República todo el poder y toda la responsabilidad para conducir la gobernabilidad del país.

En otras palabras, la Cuarta Transformación ciertamente se está enfilando a un cambio de régimen, un cambio en las reglas del juego para el acceso y conservación del poder político. Todo parece indicar que nos encaminamos hacia una República presidencial centralista; y a un retroceso en los derechos humanos. Y esto ante la incapacidad del actual arreglo institucional de brindarnos paz, seguridad y justicia para nuestra persona, familia y bienes.

Y tú, estimado lector, ¿qué precio estarías dispuesto a pagar por estas garantías?


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