Homo Telecom

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El mundo se encuentra en un proceso de ajuste en la apertura e integración comercial de las economías, aunque, basado en los acontecimientos más recientes, más bien parecería el comienzo del cierre y desintegración económica. Sin duda, este acaecimiento ha tenido su punto de origen en nacionalismos y proteccionismos donde destaca el surgimiento de una especie de nuevo mercantilismo que privilegia la balanza comercial superavitaria (más exportaciones que importaciones), y que niega los beneficios y ganancias de una economía abierta.

Un repaso por la coyuntura nos permite identificar que la Primer Ministro de Reino Unido, Theresa May, se encuentra en medio de una pugna política para establecer el plan que culminará con el famoso Brexit. Por su parte, China y Estados Unidos materializan sus desacuerdos en lo que muchos especialistas llaman una “guerra comercial”, donde ambos países han implementado barreras al intercambio transfronterizo de bienes.

Norteamérica está por reactivar las negociaciones de su Tratado de Libre Comercio (TLC), las cuales derivaron de la intención y promesa de campaña del Presidente Trump por buscar acuerdos comerciales que favorezcan, en mayor medida, los intereses norteamericanos.

El sector tecnológico y de innovación no ha estado exento de estas turbulencias. Hace tan sólo unos días, se levantó la prohibición para que proveedores estadounidenses (como Qualcomm o Google) vendieran software y componentes electrónicos a ZTE, empresa manufacturera de dispositivos de comunicación. La prohibición fue impuesta por el gobierno estadounidense argumentando motivos de seguridad nacional.

En el ámbito nacional, el magro crecimiento de la economía mexicana se encuentra prácticamente asociado al comercio exterior, de ahí que el país sea sumamente sensible a cambios en los equilibrios internacionales.

El sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se ha vuelto emblemático para el país no sólo por su importancia en términos de productividad al interior, sino por sus aportaciones al comercio exterior. Por ello, amerita repasar la situación general del comercio de bienes asociados a éste.

De acuerdo con información de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), en 2016, México contó con una balanza comercial (exportaciones menos importaciones) deficitaria de más de 3,500 millones de dólares en bienes TIC.

Origen de Importaciones y Destino de Exportaciones de Bienes TIC en México

(Valor de Transacciones en 2016, millones de dólares)

El valor de las importaciones de bienes TIC a México como proporción del total a nivel global equivale a 3.4% ($63,898 mdd), ubicándolo como la séptima economía en este rubro. Por otro lado, la contribución de las exportaciones mexicanas de estos bienes representó 3.2% del total mundial ($60,360 mdd), posicionando al país como la octava economía al respecto.

Por otro lado, mientras que Estados Unidos es receptor de 85.3% del valor total de las exportaciones TIC mexicanas, el país recibe de China, Estados Unidos y Malasia 70.3% del valor de las importaciones de estos bienes, demostrando la alta susceptibilidad de la economía nacional ante pugnas entre socios tan importantes como Estados Unidos y China.

Otra característica de México es su vocación manufacturera y/o maquiladora en el sector TIC. Mientras que, del valor total de las importaciones a México, 32.1% corresponde al rubro de bienes intermedios como los componentes electrónicos, el valor de las exportaciones de bienes electrónicos de consumo final es de 33.8%.

Esta numeralia deja varias reflexiones en el tintero. México debe diversificar sus destinos de exportación y el origen de sus importaciones, lo cual le permitirá disminuir la dependencia de los ciclos económicos y políticos, especialmente los derivados de la relación sinoestadounidense. Asimismo, debe optarse por una transición de país manufacturero y/o maquilador a un productor que aproveche los eslabones de la cadena productiva que generan mayor valor agregado como la generación de patentes, por ejemplo.

Se debe reconocer que estas reflexiones, si bien son condiciones necesarias, no son suficientes para que México sea un actor aún más relevante en el comercio trasfronterizo de bienes TIC. Aun es necesario considerar que la marejada de fenómenos de desintegración económica y de nacionalismos que truncan la apertura comercial, ponen en riesgo no sólo el potencial exportador e importador de México, sino la misma base de su crecimiento, especialmente en sectores de alto valor agregado como el de TIC.

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Ya con el resultado de la elección presidencial a la vista, ha dado inicio el proceso de transición que derivará en el Plan Nacional de Desarrollo para los próximos años y los correspondientes Programas Sectoriales, que conducirán a la definición de líneas de acción estratégicas para el sector convergente de telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información.

En principio debemos reconocer que el mercado, la regulación y la Reforma Constitucional han resultado en un saldo en el sector de las telecomunicaciones en condiciones de menores precios, mayor disponibilidad y acceso a servicios. Sin embargo, en este sector tan cambiante, persisten asuntos pendientes y retos latentes que atender.

En primer lugar, la gestación de una competencia verdaderamente efectiva. A más de un lustro de la Reforma, una de las promesas incumplidas ha sido el rebalanceo de los mercados hacia los operadores competidores. Si bien tiene lugar un impulso competitivo entre los jugadores en términos de inversión y ofertas comerciales, el principal operador, también denominado Agente Económico Preponderante (AEP), ostenta 6 de cada 10 usuarios de telecomunicaciones, esto es, una reducción escasa de 4.5 puntos porcentuales de su participación de mercado en el agregado sectorial.

Traducido en métricas cualitativas, la capacidad económica y de tenencia de usuarios de este operador le sigue permitiendo contar con la mayor cantidad de espectro radioeléctrico, con el mayor despliegue de infraestructura de telecomunicaciones frente a sus competidores, con los márgenes suficientes para igualar e incluso mejorar la oferta de sus pares en el mercado, entre otras ventajas competitivas. Todo ello resulta en un persistente desbalance competitivo entre operadores.

Otra de las asignaturas pendientes es aquella de la conectividad universal. Si bien ha crecido significativamente el acceso a internet entre hogares (44.0% del total) y unidades económicas (43.0% del total) durante la presente administración, aún no se ha alcanzado el mandato constitucional de contar con un acceso mínimo en 70% de los hogares y 85% de las MiPyMEs a nivel nacional.

Otro reto es la materialización de un gobierno, economía y sociedad plenamente digitales. Adicional a los esfuerzos de disponibilidad y accesibilidad universal de las TIC, se requiere la instrumentación de acciones efectivas para detonar el aprovechamiento óptimo de estas tecnologías en la vida social, productiva, educativa y de interacción gubernamental de todos los mexicanos.

Por otro lado, la generación de incentivos para la inversión en infraestructura e innovación sectorial, la cuarta revolución industrial, la neutralidad de la red, el internet de las cosas, una política fiscal integral para las telecomunicaciones, la transición a la provisión de servicios móviles 5G y la implementación de una política satelital, son algunos de los retos adicionales que tiene el gobierno próximo a entrar en funciones.

Primeras Propuestas de la Próxima Administración

En términos generales, al considerar los pronunciamientos, propuestas de la plataforma electoral y el Plan de Nación 2018-2024, emitidos por el virtual Presidente Electo y su equipo, se identifica un posicionamiento enfocándose principalmente en la ampliación de la cobertura de servicios.

Si bien se ha sostenido en diversas ocasiones que la administración entrante no planea cambios en el marco legal del sector, puede advertirse un cambio de prioridades. Por ejemplo, encontramos un menor protagonismo de aspectos de competencia económica para centrar esfuerzos en el incremento de la cobertura, disponibilidad y adopción de servicios.

Ahí podemos observar una posición laxa con respecto a dos retos aspectos en materia de competencia. Por un lado, existe una ventana de oportunidad para permitir la eventual entrada del preponderante al segmento de televisión de paga, mientras que se han mostrado claramente escépticos respecto a regular a las plataformas de video bajo demanda por internet. Ambos con marcados efectos sobre la dinámica competitiva del sector en su conjunto, incluido aquél de contenidos audiovisuales restringidos.

En lo que toca a la economía digital, se enfatiza su importancia, pero escasean hasta el momento planteamientos o propuestas específicas a superar los mayores retos que enfrenta su desarrollo.

Con respecto a la radiodifusión, se han detectado pronunciamientos a favor de un replanteamiento de los tiempos oficiales que recibe el Estado y en contra de montos elevados de gasto en comunicación social.

Por ahora cabe esperar a la definición específica de una estrategia sectorial que esperemos surja de las directrices emitidas desde la industria y las demandas sociales. Ello en forma de una Agenda Digital Nacional para los próximos años.

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Una característica contemporánea es el creciente acceso a contenidos audiovisuales a través de diversos dispositivos y plataformas tecnológicas. Así, un producto creativo audiovisual puede viajar a través de medios tradicionales (i.e. la televisión abierta y de paga), como también por aquellos digitales de más reciente adopción, como las plataformas de video bajo demanda o en vivo por internet en cualquier equipamiento conectado.

Paralelamente, ha sido identificado un fenómeno denominado “transferencia de valor” desde los generadores de contenidos hacia las plataformas digitales de streaming y video bajo demanda por suscripción. La CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores) lo describe como “una serie de vacíos legales que permiten que los creadores reciban una remuneración inadecuada, o incluso ninguna. Algunos intermediarios [o plataformas] en línea no piden autorización a los titulares de derechos o aprovechan las lagunas jurídicas existentes”.[1]

Un estudio enfocado en la región de Europa revela que 61% de los ingresos de las plataformas de contenidos por internet son atribuibles directa o indirectamente de los contenidos creativos. Mientras tanto, el Informe sobre las recaudaciones mundiales 2016 de la CISAC reporta que los derechos recaudados por las sociedades de la CISAC en todo el mundo por el uso de contenidos creativos en el entorno digital representaron tan sólo 7.2% de las recaudaciones totales.[2] Ese diferencial de aproximadamente cincuenta y cuatro puntos porcentuales, revela el caso de inequidad en la apropiación de beneficios entre los creadores y las empresas que operan las plataformas.

En otras palabras, mientras que el consumo de contenidos creativos ha incrementado exponencialmente, por ejemplo, aquellos audiovisuales a través de la oferta en plataformas como Netflix y los musicales vía Spotify, los creadores reciben cada vez menores remuneraciones por los productos de su trabajo, que revela a la vez, la desprotección a sus derechos de autor en el contexto digital actual.

Transferencia de Valor en México: Roku vs. Propiedad Intelectual

En México, un caso reciente de transferencia de valor absoluta ha acontecido con el dispositivo Roku. Conforme al caso legal presentado por Cablevisión, empresa de comunicaciones por cable de Grupo Televisa, Roku ha comercializado y reproducido contenidos de forma ilegal y sin autorización. Es por lo que, en mayo del año pasado, un juzgado en materia civil de la Ciudad de México (CDMX) determinó como medida cautelar, la prohibición a la importación, venta y distribución del dispositivo Roku en México.

La imposición de esta medida basa su lógica en que el dispositivo cuenta con vulnerabilidades que permiten la difusión ilegal de canales de televisión restringida realizada por hackers que los ofrecían por un pago mensual que podía realizarse en tiendas de conveniencia.

Como solución a ello, Roku anunció que realiza fuertes inversiones para detectar ex-post el contenido transmitido de forma ilegal, a partir de mecanismos de Inteligencia Artificial y Machine Learning. Sin embargo, no resuelven ex-ante el problema de fondo que consiste en la naturaleza ‘abierta’ del dispositivo que habilita la incursión de plataformas de corte ilegal o pirata.

Casos como el de Roku, esto es, de afectación patrimonial a la propiedad intelectual de contenidos audiovisuales generan pérdidas a los creadores en la vecindad de los 460 mil millones de dólares al año, de acuerdo con cifras publicadas por la Cámara Internacional de Comercio.[3] En México, estudios sobre las Industrias Creativas y Culturales indican que la merma por violar los derechos de autor asciende a poco más de 4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Es por todo lo anterior que organismos como la CISAC instan a los gobiernos de todo el mundo a tomar las acciones legales necesarias para dar solución a este problema, que es uno de propiedad intelectual y de equidad, simultáneamente. Esto incluye la protección de derechos de autor ante las plataformas de contenidos en internet, que difunden contenidos susceptibles de protección intelectual de titulares de derechos, y comparten la responsabilidad al momento en que estos sean vulnerados o quebrantados.

Un elemento importante que debemos reconocer con esta experiencia es que el incesante cambio y progreso tecnológico, así como sus consecuentes efectos sobre la apropiación de contenidos protegidos por el derecho de autor, continuarán planteando discrepancias y problemas entre creadores, fabricantes de equipos, empresas de transmisión de contenidos y otros agentes económicos.

Así que debemos permanecer atentos y con el criterio abierto para entender y aprovechar las nuevas cadenas productivas que resultan del avance tecnológico.

Con todo, el objetivo ideal debe ser la ampliación de la oferta y apropiación de contenidos creativos por parte de las audiencias, aprovechando la existencia de las nuevas tecnologías de la información, en el marco del respecto de los derechos de autor.

Sin duda, hoy en día representa un balance complejo por demás de ser alcanzado únicamente a través de la operación del mercado, que requiere de la utilización de recursos legales que también deberán ser actualizados permanentemente.

[1] CISAC, “Documento de posición de la CISAC sobre la transferencia de valor”. Disponible en: https://goo.gl/fZbwqm

[2] Berger, Roland, “Cultural Content in the Online Environment: Analyzing the Value Transfer in Europe”, Disponible en: https://goo.gl/rENF5Z

[3] Frontier Economics, “The Economic Impacts of Counterfeiting and Piracy, Report prepared for BASCAP and INTA”. Disponible en: https://goo.gl/Yo4aqE

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Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) juegan un papel central en la construcción de una sociedad basada en el conocimiento y enfocada al desarrollo integral, es decir, crecimiento económico con una distribución equitativa del bienestar.

Por ello, resulta conveniente e incluso necesario que en todo el mundo el Estado cuente con un plan articulado, basado en las TIC para un lograr una transformación y mejora en los procesos de negocio, la provisión de productos y servicios de una organización, el acceso a contenidos culturales, educativos y de entretenimiento, así como a recursos de comunicación y productividad.

Es decir, que los países deben contar con una Agenda o Estrategia Digital.

Ella consiste en una articulación de todos los actores de la sociedad para la definición de objetivos, políticas y acciones enfocadas en la inclusión y transformación digital basada en el acceso y uso de las TIC.

Su objetivo es el de lograr un mayor bienestar en los individuos a través de una sociedad mejor educada e informada, más innovadora y amigable con el medio ambiente, con más espacios para ejercer sus derechos fundamentales, más abierta, transparente y participativa, con mejor calidad de vida y con mejores servicios de gobierno, salud, seguridad, educación, economía, movilidad y trabajo.

ADN18: la construcción del esfuerzo

Si México quiere lograr estos objetivos, debe contar con una agenda integral, que coloque a las TIC de manera trasversal en todas las actividades de gobierno, empresas y en la sociedad, con una visión de largo plazo, que garantice la continuidad de las políticas públicas, pero que al mismo tiempo se pueda medir a través de objetivos intermedios.

Esa es la Agenda que México debe tener.

En México, recientemente se publicó la “Agenda Digital Nacional 2018, Beneficios Digitales para Todos” o ADN18,[1] un documento de articulación, planeación estratégica y optimización de políticas y acciones para gestar una conectividad universal, promover la competencia efectiva en la industria y asegurar la competitividad y desarrollo del país para los próximos años.

Este documento derivó de la integración de esfuerzos y alineación de visiones convocados desde la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), la Asociación de Internet.MX (AIMx) y The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Estas entidades realizaron un exhaustivo análisis de las políticas públicas necesarias para impulsar la inclusión, innovación y competitividad de México, a través del uso de las TIC.

Así, se buscan sentar las bases para el establecimiento de una Agenda Digital eficaz y un proyecto de gobierno basado en la transformación digital del país.

ADN18: los Pilares

La ADN18 se compone de 121 recomendaciones aglutinadas en seis pilares estratégicos. Con ellos se busca transformar las instituciones, la regulación y las políticas públicas y la vinculación de la ciudadanía a favor del desarrollo nacional.

1. Diseño institucional para la transformación: El primer pilar engloba las políticas que buscan implementar un sistema de instituciones que cree, fomente, ponga en práctica y de seguimiento a las políticas públicas que impulsan la transformación digital del país. En otras palabras, se busca contar con un diseño institucional óptimo para establecer el marco legal que dote de certeza a las políticas de inclusión digital universal, incluyendo sus respectivos mecanismos de gobernanza, evaluación y presupuesto. Además, se recomienda que dentro este diseño institucional se establezca un programa transexenal dedicado a las TIC, que provea garantías para lograr la satisfacción del derecho fundamental de acceso a las TIC, con una visión a corto, mediano y largo plazos.

2. Política fiscal para el desarrollo: Dentro de este pilar se indica la necesidad de establecer una política fiscal integral para el sector de TIC y telecomunicaciones, que incluya un conjunto de reglas claras, estables y conducentes para el desarrollo social y económico, basado en una estrategia de optimización de ingresos, gastos y estímulos gubernamentales, que garanticen la provisión eficiente de bienes y servicios para satisfacer las necesidades digitales de la población.

Se propone que el diseño fiscal sectorial esté adecuadamente vinculado con el diseño institucional (pilar 1), para garantizar la existencia de un presupuesto nacional para la digitalización de todos los mexicanos, aplicable y funcional, que cuente con el sustento suficiente para su permanencia, a fin de asegurar la eficacia de las estrategias digitales y su mejora continua.

3. Marco gubernamental eficaz: Mediante este pilar se engloban las propuestas relacionadas a la gestación de una vinculación institucional eficiente y conducente del crecimiento y la innovación de la industria de las TIC. Todo ello inmerso en un entorno de transparencia y rendición de cuentas que prevenga la corrupción y la concentración de mercado, a fin de gestar una competencia efectiva y libre concurrencia.

De esta manera, se recomienda la neutralidad e interoperabilidad tecnológicas, esquemas interinstitucionales que fomenten la innovación y el desarrollo de las empresas, el aprovechamiento de servicios en la nube, la compartición de servicios entre dependencias, las sociedades público-privadas, así como la flexibilización de la contratación multianual de servicios.

4. Vida y sociedad digitales: Dentro de este pilar se engloban las medidas relacionadas a transformar el gobierno en su forma de operar, administrar, ofrecer servicios y su vinculación con la ciudadanía. Al respecto, se recomienda el aprovechamiento de las herramientas digitales para la educación, la provisión de servicios de salud, seguridad y todo tipo de trámites gubernamentales. Con ello se harán más eficientes los procesos, se reducirán los costos y se atenderá eficazmente a toda la población.

5. Competitividad digital: Se proponen una serie de medidas enfocadas a eliminar y prevenir la concentración del mercado, con incentivos a la innovación, la cobertura y la obtención de precios óptimos. Asimismo, se recomienda expandir el comercio electrónico y la oferta de servicios financieros a toda la población, con un marco regulatorio flexible que brinde certeza jurídica para promover la innovación en las PyMEs, la facilitación comercial y aduanera, el libre flujo controlado e informado de datos para la competitividad y la multiplicación de los intermediarios de Internet, así como incentivos para el surgimiento de nuevas empresas tecnológicas o usuarias de la tecnología.

Con ello pretende consolidarse la reforma en telecomunicaciones, al garantizar la libre competencia en un entorno de plena certidumbre jurídica.

6. Telecomunicaciones de vanguardia: Hoy más que nunca, México necesita hacer el uso adecuado de la infraestructura pública y del Estado para poder conectar a toda la población con servicios digitales. Para ello debe acelerarse el proceso de migración a nuevas tecnologías, teléfonos inteligentes, redes de nueva generación, así como tener esquemas eficientes de uso de suelo y pagos de espectro, para privilegiar la adopción y renovación tecnológica del país sobre cualquier otro criterio recaudatorio.

¿Para qué la ADN18?

La importancia de este documento reside en proveer un marco de referencia de propuestas específicas acerca de las políticas públicas óptimas de generación de productividad, mejora educativa, combate a la delincuencia y eliminación de brechas sociales a partir del acceso universal y aprovechamiento óptimo de las TIC.

La ADN18 alineó sus líneas de acción a los Objetivos del Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y vinculó cada uno de los objetivos planteados a los pilares establecidos.

En otras palabras, la ADN18 propone que, a través del acceso y aprovechamiento de las TIC y las telecomunicaciones, se pueden corregir varios de los males de la sociedad como la pobreza, la falta de acceso a la salud, la deficiente educación, la desigualdad, la falta de empleo, la baja productividad, la ausencia de un crecimiento sostenible, por mencionar algunos.

[1] Agenda Digital Nacional 2018, Beneficios Digitales para Todos. Disponible en: https://goo.gl/Y6gSrX

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La importancia de la innovación tecnológica y, particularmente, de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para la sociedad resulta de sus potenciales contribuciones económicas y sociales en ámbitos tan diversos como la educación o el proceso productivo. De ahí, su incorporación y promoción dentro de las políticas nacionales y estatales del país para el desarrollo estratégico y transversal del sector y, consecuentemente, de la economía en su conjunto.

Un estado de la República Mexicana que se destaca en años recientes por su articulación social y gubernamental para la innovación, la investigación y desarrollo de las TICs es Yucatán, que avanza en varios frentes para constituirse como uno de vanguardia tecnológica.

Efectivamente, esa entidad se ha ido constituyendo como un polo de innovación TIC en el país a partir del diseño y ejecución de proyectos estatales para el desarrollo de este sector, en línea con la estrategia y objetivos nacionales. Esta estrategia de desarrollo tecnológico ha sido impulsada por la creación de espacios como el Centro de Innovación y Desarrollo de Tecnologías de Información (CIDTI): Heuristic, que tiene el objetivo de promover la asociación de las empresas tecnológicas, favorecer la innovación y promover la participación de actores relevantes como el gobierno, la industria, la academia y el usuario.

A ello se suma la Estrategia Digital Yucatán 2015-2020 (EDY2015-18), enfocada en acelerar la digitalización del estado, aumentar su competitividad a nivel global, y ampliar la eficiencia y calidad de servicios públicos. Asimismo, el programa Incuba TIC ha favorecido el desarrollo de pequeñas y medianas empresas TIC apoyando directamente a jóvenes emprendedores que quieren establecer, desarrollar e impulsar su propia empresa.

A esta tendencia de impulso TIC, se añade más recientemente la firma del Acta Constitutiva del Nodo IXP de Yucatán, acción que se orienta a mejorar la calidad del tráfico en Internet, reducir los costos de comunicación y mejorar la competitividad regional e internacional del Estado y del país. Este es el segundo nodo en el país y una importante adición de infraestructura de conectividad.

Un nodo IXP (Internet Exchange Services en inglés) consiste en un proyecto de infraestructura física a través de la cual los Proveedores de Servicios de Internet (PSI o ISP, por sus siglas en inglés) intercambian el tráfico de Internet entre sus redes.

Otra de las razones que justifican la creación del nodo IXP es que, hasta recientemente, cerca del 90% del tráfico de Internet de México se intercambiaba en un nodo estadunidense para regresar a territorio nacional, el resto lo hacía gracias a acuerdos bilaterales entre empresas de telecomunicaciones. Es decir, un correo electrónico enviado desde una computadora en México a un vecino, incluso en la misma cuadra, muy probablemente debía recorrer un largo camino para llegar a su destino. Esto constituye un proceso sumamente ineficiente, en términos de recursos, tanto energéticos como monetarios.

En este sentido, el despliegue nacional de terminales IXP tiene impactos económicos y sociales positivos, ya que mejoran el uso eficiente de redes, reducen costos y disminuyen la latencia de redes. Alternativamente, esta medida beneficia al país en términos de seguridad y, por lo tanto, fortalece la autonomía nacional.

A partir de un proyecto de análisis sobre la factibilidad de nodos IXP regionales en México, ahora tenemos claro que se tiene la capacidad de albergar por lo menos 7 puntos de interconexión IXP. Con lo que se esperaría un futuro impulso a estas medidas positivas de infraestructura tecnológica.

Enhorabuena, Yucatán y México en su conjunto por esta fresca adición de capital para la conectividad, en un país donde uno de nuestros principales retos para el crecimiento y el desarrollo económicos radica en compensar el déficit de infraestructura que padecemos.